OPINIÓN Y ANÁLISIS

Acerca de la constitucionalidad del Juicio por Jurados Civiles en el Chaco

Adrián Ángel Alberto Buffone , Abogado y profesor de Teoría y Derechos Constitucionales (Facultad de Derecho UNNE)


  • Por el abogado Adrián Ángel Alberto Buffone

   

El objetivo de este pequeño memorial, es analizar la constitucionalidad del Juicio Civil por Jurados presentado en la  Legislatura; luego de una experiencia exitosa en el ámbito penal aquí en la Provincia del Chaco.

Como sabemos el Juicio por Jurados es un mandato constitucional. Así lo dejan establecido el “Articulo 24.- El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados.” Y luego el mandato se reitera en el “Articulo 75.- Corresponde al Congreso: … Inciso 12. Dictar los códigos… y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre..., y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados.”. En ambos casos refiere a todos los procesos.

Luego, el artículo 118, ordena al Poder Judicial, terminar por jurados “los juicios criminales“

La conveniencia de adoptar e implementar, o no, el juicio por jurados es una discusión de corte netamente política y pre constitucional. Sí algo tenían claro los constituyentes era que había que limitar el poder de los jueces técnicos (conservadores del poder Colonial) y dárselo a los Criollos, a los ciudadanos. Por ello ordenaron a los poderes constituidos, establecer los juicios por jurados.

En el terreno político, sin embargo, la discusión podría ser admisible. Evaluar ventajas y virtudes del juicio por jurados y sus problemas, e igual con los jueces técnicos.

Ante lo comentado, no podemos dejar de manifestar, que se ha incumplido la orden del constituyente durante numerosos años.

Ahora, si la exclusión del fuero civil y comercial, hubiera sido su deseo, sin dudas ello estaría plasmado en su texto; por lo que no es admisible que se sostenga su implementación sólo en el proceso penal.

Es importante destacar, que ese incumplimiento constitucional (con las más variadas tesituras de la academia y política conservadora) podríamos decir que comienza a desvancerse con el conocido fallo “Canales” de la CSJN.

 

Uno de los puntos recalcitrantes a discutir es:

  1. La competencia para establecer la ley de juicio por jurados

Hay que dejar en claro que:

Chaco, como cualquier otra provincia argentina, es soberana para dictar la ley de juicio por jurados.

Existen en el derecho argentino múltiples interpretaciones de la CN art 75 inc 12 in fine y su real contracara que es el art. 126.

Es una reproducción bastante parecida a la tensión evidente por el reparto de poder entre los estados locales y el estado federal en los Estados Unidos de América, entre la 6ta enmienda y la 14ava enmienda, incorporada tras el retorno de los Estados Confederados del Sur luego de la guerra civil.

No hay duda alguna de que los constituyentes originarios de 1853/60 buscaron romper con la tradición legislativa y judicial de la Colonia instaurando el juicio por jurados.

El art 24 de la CN es una cláusula general de reforma de toda la legislación de fondo e implica el establecimiento del juicio por jurados en términos generales para todos los ramos y fueros del derecho.

Es claro: no se habla solamente del jurado en materia penal sino de toda la legislación de fondo, de todo el sistema judicial en su conjunto. Por tal razón el art 75 inc 12 infine habla en plural sobre las leyes de juicio por jurados que se requiere que el Congreso federal establezca para toda la Nación. Está refiriéndose, al igual que sucede en los EEUU, a la ley de juicio por jurados en materia penal, en materia civil y comercial, en materia laboral, etc.

Finalmente, el art 126 CN, a no incluir el juicio por jurados dentro de las facultades prohibidas a las provincias, expresa con meridiana claridad esta política amplia de la CN respecto del establecimiento del juicio por jurados.

El profesor Harfuch se pregunta:

¿Obedece esto a un plan específico del constituyente originario?

¿El dejar el dictado de la ley de jurados tanto en manos de la Nación como de las provincias?

Ninguna duda cabe a esta altura de la historia argentina. (citando a Harfuch)

 

Fueron las provincias argentinas quienes pusieron en marcha el juicio por jurados y el sistema acusatorio.

Ellas comprendieron que, para los constituyentes de 1853, el jurado era mucho más que un Tribunal judicial: era una institución político judicial y la parte central del diseño de un programa completo que abarcaba a todo el sistema de justicia de la Nación, con los jurados ciudadanos como protagonistas centrales de la administración de justicia.

 

 

El proyecto Chaqueño

Conforme surge del artículo 2° de su texto, se consagra el derecho de toda persona a que “resolución de su caso civil y comercial se dicte en un juicio oral y público frente a un jurado y un juez o jueza competente, independiente e imparcial”.

Estableciendo en su artículo 3, los casos que serían sustanciados bajo la ley, en caso de ser sancionada y estableciendo un piso mínimo para su procedencia, ya que sólo se celebrará cuando se reclame un monto de reparación plena superior a treinta S.M.V.M. ($ 506.250)

El jurado estará integrado por doce miembros titulares y como mínimo dos suplentes; cuya integración deberá asegurar paridad de género en su integración, aclarando que ello se determinará por el D.N.I.

Prevé al igual que la ley penal, la figura del jurado indígena; pero con una redacción aún más comprensiva de los derechos constitucionales consagrados.

Dice textual: “Cuando se juzgue un hecho en el que una de las partes pertenezca al pueblo indígena Qom, Wichi o Mocoví, el panel de doce jurados titulares y suplentes estará obligatoriamente integrado en la mitad por hombres y mujeres de su misma comunidad de pertenencia. Cuando se juzgue un hecho en el que ambas partes pertenezcan al mismo pueblo indígena Qom, Wichi o Mocoví, el panel de doce jurados titulares y suplentes estará obligatoriamente integrado en su totalidad por hombres y mujeres de su misma comunidad de pertenencia.”

Asegura la intervención del intérprete, en los casos en que alguna de las partes o un miembro del jurado pertenezca a algunos de los pueblos indígenas.

 

Respecto a la función del jurado, éste deliberará sobre la prueba rendida en juicio público, y determinará la responsabilidad valorando la conducta, la relación causal y las consecuencias dañosas del o los hechos por los cuales la parte que corresponda, tenga el deber de reparar, para los cuales serán instruidos por el Juez sobre el derecho sustantivo aplicable, de las cuestiones jurídicas sustantivas planteadas por las partes y las alternativas legales que puedan llegar a aplicarse según la prueba producida.

 

 

  1. Doce Jurados

La unanimidad de los veredictos del jurado, la posibilidad de las partes de recusar sin causa a un número limitado de jurados, el carácter final y definitivo de su veredicto y el número de doce jurados deben ser preservados en la Argentina como un valor de raigambre constitucional, por ser parte integrante e inescindible de la garantía de juicio por jurados de nuestra CN.

La mayoría de las provincias argentinas han adoptado la regla de unanimidad, un voir dire, el número de doce jurados y la irrecurribilidad del veredicto de no culpable, que son los pilares fundamentales de su existencia como tal.

Dicha legislación provincial debe ser especialmente protegida por la jurisprudencia de la CSJN (Canales) y por la futura ley que dicte el Congreso Nacional.

Desde el primer veredicto unánime que los ingleses registraron en la historia (1367) hasta el día de hoy la unanimidad entre los doce jurados para condenar o absolver y el carácter definitivo de su veredicto continúa siendo la regla abrumadora en todas las jurisdicciones del Common law y en la mayoría de las provincias argentinas.

En concordancia con esta doctrina, el proyecto prevé la realización de la audiencia de voir dire (selección de jurados), con una antelación no menor a cinco días del inicio del juicio.

Asimismo, remite a la norma (de juicio por jurados en fuero penal), a los fines de la realización de la audiencia del juicio, y a las normas del CPCC; pero excluyendo las relativas a la audiencia de vista de causa.

Los jurados valoran la prueba en conjunto según su íntima convicción y sin expresión de los motivos de su decisión, observando los principios de la libertad probatoria, la lógica,

 

las máximas de la experiencia, el sentido común y los conocimientos científicamente afianzados.

La deliberación será secreta, y sólo podrán estar presentes los jurados, y en su caso el intérprete.

El veredicto al que arriben, “…declarará ganador al actor o al demandado sin otros aditamentos y establecerá el monto indemnizatorio, los daños punitivos y/o reparación plena en función de las pretensiones planteadas y discutidas en juicio…” (art. 53)

El veredicto deberá ser unánime, pero la ley establece que, en caso de no llegarse a la unanimidad, las partes podrán acordar medidas para procurar que se salga del estancamiento, como ser, reapertura de cierto punto de prueba, nuevos argumentos o alegatos de las partes o una nueva instrucción del juez. (art. 55).

De continuar sin alcanzar la unanimidad el jurado, se lo declarará estancado y el juez preguntará al actor si habrá de continuar con su demanda. En caso negativo, el juez la rechazará.

Ante una respuesta afirmativa, procederá a la disolución del jurado y se dispondrá la realización de un sólo nuevo juicio más, ante otro jurado. Si nuevamente fracasa en alcanzar la unanimidad, se rechazará la demanda.

 

 

  1. Sobre la valoración de la prueba: “El veredicto general del jurado y la íntima convicción”.

Conforme el art. 32 del proyecto, los jurados valorarán la prueba en conjunto según su íntima convicción y sin expresión de los motivos de su decisión, observando los principios de la libertad probatoria, la lógica, las máximas de la experiencia, el sentido común y los conocimientos científicamente afianzados. Sin perjuicio de lo previsto en el art. 54 sobre la posibilidad de requerir un veredicto especial, los jurados se limitarán a declarar ganador al actor o al demandado, sin otros aditamentos y establecerá el monto indemnizatorio, los daños punitivos y/ o la reparación plena en función de las pretensiones planteadas y discutidas en juicio.

La CSJN, en el leading case “Canales”, en términos del Dr. Andrés Harfuch, “le dio estatus constitucional a la íntima convicción, que es el sistema de valoración de la prueba por antonomasia del jurado popular”.

 

En este sentido la doctrina ha dicho que “…Se les exigirá que analicen lo ocurrido en el juicio a conciencia, junto con otras personas, otras doce personas que discutirán sobre la acreditación del hecho, sobre las pruebas, sobre el peso de convicciones de la misma y finalmente sobre cuál es la aplicación de la norma…Todo ello respetando la guía y explicación brindada por el juez, y luego de cerrar las posturas interpretativas sobre el caso mediante el alegato de las partes.”

Lejos de ser una valoración arbitraria, improvisada, se convierte en una ardua tarea de quienes deben alcanzar la unanimidad. “No hay nadie como el jurado para elevar la garantía de la deliberación a los estándares más altos que se conozcan en términos de construcción de una decisión colectiva racional”.

 

 

La CIDH en “Nicaragua”: “Cualquier tribunal (técnico o popular) debe reconstruir un hecho pasado, para lo cual utiliza la lógica metodológica que es común a cualquier persona, pues no depende de que tenga o no formación o entrenamiento jurídico. Toda persona que debe reconstruir un hecho del pasado, consciente o inconscientemente, emplea el método histórico, o sea, en un primer paso delimita las pruebas que tendrá en cuenta (heurística); a continuación valora si esas pruebas no son materialmente falsas (crítica externa); luego valora la verosimilitud del contenido de las pruebas (crítica interna) y, finalmente, llega a la síntesis. Quien valora el veredicto de un jurado, necesariamente debe reconstruir este camino, no bastando para descartarlo cualquier criterio diferente acerca de las críticas. Para descartar el veredicto de un jurado debe verificarse que la síntesis se aparte directamente de la lógica metodológica histórica antes referida, que es lo que sucede en el caso" (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso "V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua")

 

 

  1. Sobre la fundamentación de la Sentencia: El Veredicto sin expresión de motivos.

En el fallo “Canales”, la C.S.J.N, se expidió respecto a la constitucionalidad del veredicto del jurado clásico, carente de expresión de motivos. Antes de ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hizo lo suyo en la causa “V.R.P, V.P.C. y otros vs. Nicaragua” Es común que el jurado clásico (de doce jueces legos) sea atacado bajo el lema de la afectación a la garantía de

 

la motivación, alegando que ello deja en indefensión a las partes ante posibles decisorios arbitrarios. “Citando a la Corte IDH, la corte Suprema aclaró precisamente que “la falta de exteriorización de la fundamentación del veredicto no vulnera en sí misma la garantía de la motivación” y que “todo veredicto siempre tiene motivación, aunque como corresponde a la esencia del jurado, no se expresa”, explicando que “la libre valoración que hace el jurado no es sustancialmente diferente de la que puede hacer un juez técnico, sólo que no lo expresa” (consid. 19).”

No debemos perder de vista que el “secreto de las deliberaciones”, no es sinónimo de arbitrariedad, sino que responde a una garantía del debido proceso propio del sistema analizado. Concretamente, en el caso “Gregory v. U.K.” (1997), el TEDH señaló que el secreto de las deliberaciones es una garantía integrante del concepto de juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial exigido por el art. 6.1 de la Convención Europea”

La Corte explicó en el precedente mencionado, que el juicio por jurados y el proceso con juez técnico son diferentes, con reglas distintas, delimitando que ambos son constitucionales.

¿Porque los jueces técnicos deben motivar por escritos sus decisiones?: “la exigencia de motivación de la sentencia de los jueces profesionales fue concebida originalmente como un modo de compensar la debilidad institucional y la falta de garantías políticas de estos magistrados respecto de los jurados populares. Así, la fundamentación explícita encuentra su razón de ser en la obligación de los jueces, como representantes del pueblo -no electivos en el ejercicio de un poder del Estado, de rendir cuentas de sus decisiones.

Es distinto cuando el mismo pueblo, representando por algunos de sus miembros, ejerce en forma directa la potestad de juzgar, siempre que estén garantizados el derecho a la defensa del acusado y el debido proceso legal por parte de un juez profesional.”

 

 

*ADRIAN ANGEL ALBERTO BUFFONE

Abogado, Profesor Teoria y Derechos Constitucionales (Facultad De Derecho UNNE)/ Profesor Derecho Constitucional del Poder (Universidad Cuenca Del Plata) Diplomado en Derecho Constitucional Profundizado (Universidad Austral)/ Diplomado en Derecho Constitucional Y Procesal Constitucional en Latinoamérica y Europa (Universidad De Bologna, Italia).