El presidente del IDACH y las acciones en el Gran Toba

"Capitanich es una persona muy comprometida con la causa indígena"

Orlando Charole dijo que los casos de COVID-19 en la zona del Gran Toba están controlados y destacó el trabajo en conjunto para que la situación "no se desborde". (Foto archivo)


Por Roberto Espinoza

El titular del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), Orlando Charole analizó diversos temas que incumben a la comunidad originaria en el Chaco. En diálogo con Agencia FOCO, habló sobre el aumento de casos de COVID-19 en la zona del Gran Toba, que nuclea a los barrios Toba, Camalote, Chilillí, América, Crescensio López y Cotap. En  esa zona, según lo informó durante la semana la subsecretaria de Salud Comunitaria, Carolina Centento, se tomaron entre el 6 y 26 de mayo, 208 muestras, de las cuales 81 resultaron positivas. Pese a esos indicadores, Charole sostuvo que la situación está "mínimamente controlada" y  destacó el trabajo en conjunto que está haciendo el gobierno chaqueño con otras organizaciones en esas barriadas indígenas. 

Además, el referente del IDACH sentó postura sobre la Guardia Comunitaria Washek al marcar que "la violencia nunca es el camino para resolver los asuntos indígenas". En otro orden, reclamó ampliar el alcance de la medida cautelar en favor de las comunidades indígenas. "Este contexto de pandemia y cuarentena obligatoria exige mayor asistencia del estado nacional para con el pueblo wichí", afirmó. 

Este es parte del diálogo mantenido:

 

¿Cuál es la posición del IDACH sobre lo que está pasando en la zona del Gran Toba? 

“Lo que pasa en el Gran Toba es parte del contexto general de lo que está pasando a nivel país y a nivel global. Sería un error darle un enfoque étnico a la cuestión. La pandemia está azotando al mundo y no a una comunidad en particular. El gobierno hizo un operativo sanitario y está trabajando en conjunto con varias organizaciones, incluido el IDACH. Fui en la semana a recorrer los distintos barrios de esa zona, visité los centros de Salud y los centros comunitarios. Ahí pude notar que hay mucho trabajo coordinado entre la gestión provincial y muchas organizaciones sociales. La situación está mínimamente controlada.

 

¿Mínimamente controlada? 

Es que no se puede hablar de un control total, porque hay hermanos que murieron y se siguen dando casos de contagios. Pero, en términos generales, nadie puede sostener que estamos en presencia de una situación caótica e incontrolable. Se está haciendo un trabajo de concientización muy fuerte sobre el protocolo sanitario que debe seguir nuestra comunidad para evitar los contagios de coronavirus. Hay muchos sectores que están contribuyendo para que la situación no se desborde. 

 

¿Considera que se actuó a tiempo?

Cuando uno observa lo que pasó en el mundo con la pandemia es muy difícil poder hablar en términos de previsibilidad. Es un virus que se ha propagado en países fuertes, como Estados Unidos, Brasil, Alemania, Francia, etc. Países que tienen un sistema de salud mucho más importante que el nuestro. Sin embargo el virus los dejó expuestos.  Estos ejemplos muestran lo difícil que es analizar cuándo se actuó a tiempo y cuándo no. Aclarado esto, pienso que el gobierno actuó rápido con el cordón sanitario y la asistencia alimentaria. 

 

¿Cómo se explica entonces que se hayan disparado la cantidad de casos en esa zona? 

Hay que diferenciar los comportamientos de los grandes centros urbanos con el que se dan en las localidades pequeñas o en la zona rural. Esa diferencia también se da en nuestra comunidad indígena. No es casual que los casos se dispararon en el Gran Toba, pero en el interior no. En esos grandes centros urbanos hay una fluidez de contactos entre las personas indígenas con nuestros hermanos. Y con esa libertad de circular casi de manera espontánea que siempre tuvimos las comunidades originarias, hizo tal vez que en la zona urbana se dieran esa cantidad de casos. Tal vez eso explique por qué la pandemia se desató en el Gran Toba y no en otras importantes concentraciones originarias del interior. 

 

¿Está de acuerdo con aquellos que denuncian un tratamiento discriminatorio del gobierno en el operativo sanitario que desplegó en esa zona? 

No.  Si habláramos en términos generales, todavía hay mucha discriminación hacia la comunidad indígena, pero en este caso particular no se puede hablar de hechos discriminatorios.  El gobernador Jorge Capitanich se puso rápidamente a disposición de la comunidad y no se justifica que se lo trate de discriminador. 

 

¿Qué piensa sobre los cuestionamientos que recibió desde algunos sectores el gobernador por cómo enfrentó la situación del Gran Toba?

Es una acusación falaz. Capitanich ya desde su primera gestión tomó la posta de la lucha indígena. Puede que con algunos defectos, con errores, pero siempre el gobernador ha sido una persona muy comprometida con la causa indígena. Por ello es injusto tildar al gobernador o a su gobierno como discriminador del pueblo indígena. Es algo que está fuera de lugar. 

No hay que olvidarse que durante las otras gestiones de Capitanich se lograron para la comunidad indígenas grandes avances en la construcción de viviendas- que queda algunas por concluir-, mejoras habitacionales, el proyecto del Gran Toba, la edificación de escuelas, la oficialización de los tres idiomas originarios como el qom, wichí y moqoit, entre otras muchas reivindicaciones. 

 

Otros referentes indígenas denunciaron que hay una estigmatización para con los que viven en el Gran Toba con los casos de coronavirus. ¿Comparte? 

Sí. Es un error encasillar a los tobas con los casos de COVID-19. Rechazo enfáticamente esa relación. Estamos hablando de una pandemia que comenzó en nuestro país, y en nuestra provincia, a partir de personas no indígenas que volvieron de Europa. No fueron los tobas los que trajeron la enfermedad. Hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de acusaciones. 

"Con diálogo y no con violencia"

¿Cómo analiza la irrupción de la Guardia Comunitaria Washek y el acuerdo "histórico" entre referentes de ese espacio y el gobierno provincial que anunció recientemente Capitanich?

Es un paso positivo el acuerdo. Es un tema que hablé con el gobernador y le transmití mi opinión al respecto. La Ley provincial indígena 3258 habilita a que las comunidades originarias se organicen bajo la forma de asociaciones civiles o cooperativas. Siempre buscando una superación. Pero bajo ningún aspecto esa norma recomienda grupos "armados". Lo digo así, entre comillas, porque nunca hubo una experiencia a ese nivel en las comunidades indígenas de la provincia, ni a nivel país. 

 

¿Se trató de un error de interpretación de la Guardia? 

Sí. Ya lo decía el general Perón: "El uso de la fuerza es el derecho de las bestias". La violencia no es el camino para las comunidades originarias. Sabemos que los problemas estructurales que afectan al pueblo indígena persisten y son de compleja resolución, que tienen un proceso largo y son difíciles de sobrellevar, pero la violencia nunca puede ser el camino para encontrar una salida a esos problemas. El camino es el diálogo. Estuve, y sigo estando, en muchas luchas por los derechos de las comunidades originarias, pero nunca tomé a la violencia como un medio para resolver algo. 

"La medida cautelar debe extenderse"

En un marco de cuarentena obligatoria, ¿cómo está el cumplimiento de la medida cautelar para las comunidades indígenas? 

Es algo que también lo hablé con el gobernador Capitanich, para que de manera conjunta insistamos en el planteo de una ampliación de la medida cautelar. De hecho, solicitamos una audiencia con el Presidente Alberto Fernández y la Defensoría del Pueblo de la Nación para consensuar un componente especial de tal medida cautelar para las comunidades Wichí. Es una solicitud que ya presenté durante la presidencia de Mauricio Macri. 

 

¿Qué respuestas obtuvo de la gestión Macri de esa presentación? 

Ahora está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en ese entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es que rechazó nuestro planteo si no que los informes que solicitó "no fueron evacuados". Eso nos obligó a presentar una apelación ante la Corte Interamericana sobre esa decisión de la Corte Suprema. El proceso quedó abierto, y en eso, en diciembre del año pasado, Capitanich asume su mandato al frente del gobierno chaqueño. A partir de ahí iniciamos un diálogo entre todas las partes para buscar la forma de acordar una ampliación de dicha medida cautelar para que la asistencia alimentaria, sanitaria, habitacional, educativa y la provisión de agua potable, abarque también a todo el pueblo wichí. 

 

¿Nota predisposición de las partes para alcanzar esa ampliación de la medida cautelar?

Sí. Ante la merma de la actividad económica a nivel país, los ingresos coparticipables en baja (solo en mayo Chaco recibió 3 mil millones de pesos menos en términos reales), se hace imperiosa la ayuda del gobierno nacional. En ese contexto, es imposible que la provincia pueda resolver por sí sola esos 5 ejes prioritarios (asistencia alimentaria, habitacional, sanitaria, educativa y provisión de agua potable). Por ello es que queremos plantear al Presidente Fernández que se tome en cuenta esto, y se considere a esta medida que solicitamos como un acto de reparación histórica para los pueblos indígenas. 

 

Por su declaración, se desprende que la medida cautelar se quedó corta…

Absolutamente. La medida cautelar siempre tuvo un enfoque erróneo. La extensión de la medida cautelar no incluye a todo El Impenetrable. Abarca a las comunidades del Interfluvio Teuco-Bermejito hasta la zona noreste, en donde está la Comunidad 10 de Mayo, cerca de Pampa del Indio. Por caso, la medida cautelar ni siquiera incluye a Pampa del Indio. Es por ello que es sumamente necesario una extensión territorial de la medida cautelar, para que de esa forma se garanticen todos los derechos  de las poblaciones originarias. Para ello, insisto, necesitamos de una fuerte ayuda del gobierno nacional.