Mesa de Trabajo Intersectorial por el Caso Greco

En agosto se trataría el proyecto de ley para la estructura orgánica del Comité Provincial de la Tortura

Representantes de los tres poderes del Estado definieron que se continuarán monitoreando los alcances del acuerdo de solución amistosa de la CIDH mediante reuniones periódicas bimestrales. Desde el Poder Judicial se comprometieron a darle debate oral y público en septiembre a la causa Greco 2.


Por medio de una videoconferencia, este lunes se realizó la primera reunión de la Mesa de Trabajo Intersectorial por el Caso Greco, que estuvo encabezada por el gobernador Jorge Capitanich, quien estuvo acompañado por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Iride Isabel Grillo, así como por el titular del Poder Legislativo, Hugo Sager. Durante el encuentro se definió que la mesa continuará monitoreando los alcances del acuerdo de solución amistosa mediante reuniones periódicas bimestrales.

Concluida la reunión virtual, el mandatario provincial explicó que se generó el compromiso para que la Legislatura provincial le de tratamiento en agosto al proyecto de ley que define la estructura orgánica del Comité Provincial de la Tortura, que este año cumple 11 años. La iniciativa legislativa fue presentada durante el 2019 por los diputados Gladis Cristaldo, Hugo Sager y Daniel Trabalón (mc). La misma pretenderle brindarle una estructura de funcionamiento orgánico con una dotación de 49 cargos.

Por otro lado, Capitanich también aseguró que desde el Poder Judicial se comprometieron a darle debate oral y público a la causa Greco 2, a más tardar en septiembre. Esto estará acompañado de la designación  por parte del Consejo de la Magistratura del Chaco, de un Fiscal Especial de Derechos Humanos. Otro de los compromisos acordados este lunes, fue iniciar un plan de trabajo para mejorar el funcionamiento de dicha fiscalía y la revisión del funcionamiento del Órgano de Control Institucional (OCI).

“La reunión sostenida es una clara prueba del compromiso de todos los poderes del Chaco, un ejemplo a nivel nacional de diálogo y articulación para el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos”, expresó.

Y remarcó que el cumplimiento de lo establecido por la CIDH implica un mejoramiento de las instituciones y políticas públicas vinculadas a la prevención de la violencia institucional, juzgamiento de los responsables y protección de más víctimas.

El caso Greco

El 4 de julio de 1990, Juan Ángel Greco, un artesano de 24 años, falleció tras ser detenido ilegalmente y alojado en una celda de la Comisaría de Puerto Vilelas que luego fue incendiada. Luego de años de impunidad, los familiares de Greco recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tomó la causa, e instó a la reapertura de la investigación, comprometiendo al Estado chaqueño a una serie de medidas reparatorias a la familia, y a la reapertura de las investigaciones penal y administrativa contras los presuntos responsables de la detención ilegal y la muerte del artesano.

Por este motivo, en marzo de este año el gobernador Capitanich manifestó que el Estado chaqueño respondería a la convocatoria de la CIDH para informar sobre el cumplimiento de los compromisos sustanciales parciales para la solución amistosa planteada.

Los presentes

Representantes de los tres poderes del Estado definieron que se continuará monitoreando los alcances del acuerdo de solución amistosa mediante reuniones periódicas bimestrales.

Participaron también de la videoconferencia por el sistema Zoom, la vicegobernadora Analía Rach Quiroga; la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros Silvana Pérez, la Subsecretaria de Derechos Humanos Nayla Bosch y el Asesor Legal Kevin Nielsen; la Ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar, y la Directora de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno María Roxana de los Santos. También el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo Juan Carlos Ayala; el Secretario de Superintendencia del Poder Judicial Lisandro Yolis; por el Ministerio Público Fiscal del Chaco, el Procurador General Jorge Edgardo Omar Canteros y la secretaria Edita Del Palacio. En representación del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco, su presidente Silvio Del Balzo y sus miembros.

En representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la directora Ejecutiva Paula Litvachky, Mariano Lanziano y Macarena Fernández Hofmann. En representación de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el secretario Horacio Pietragalla Corti, y Patricia Cao; y por el Consejo Federal de Derechos Humanos Agustín Di Toffino; representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Javier Salgado y Gonzalo Bueno.