La UCR pide la habilitación de sesiones virtuales en la Legislatura provincial

El objetivo es poder avanzar con un importante paquete de iniciativas destinadas a mitigar el impacto económico y social que provoca la pandemia de coronavirus. Insisten en que se aplique un tope salarial de 50 mil pesos para los diputados provinciales.

Para la oposición, es necesario avanzar con el tratamiento de múltiples iniciativas legislativas destinadas a mitigar el impacto económico y social que provocó la pandemia. (Foto archivo)


Luego que las autoridades del Poder Legislativo resolvieran suspender las actividades presenciales tras detectarse un caso positivo de COVID-19 de un trabajador de la Dirección de Comisiones, desde el bloque de la Unión Cívica Radical solicitaron al presidente Hugo Sager, la implementación de sesiones virtuales durante el período que dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Para la oposición política, es "necesario avanzar con el tratamiento de múltiples iniciativas legislativas" destinadas a mitigar el impacto económico y social que provocó la pandemia.

Por medio de un comunicado de prensa, los diputados de la UCR recordaron que desde el 30 de marzo se encuentra presentado el Proyecto de Ley N°498/20 en donde se solicita que se asimile la presencia física del legislador en el recinto con su efectiva conexión a los medios técnicos, con el objetivo de poder sesionar de manera virtual y  tratar proyectos que permitan enfrentar la emergencia sanitaria.

En lo que se refiere a iniciativas para reducir el gran impacto económico, desde la oposición buscan que se declare la emergencia económica, financiera y fiscal del sector comercial, productor de bienes y servicios en todo el territorio provincial. Además, que se prorroguen por 120 días los vencimientos del impuesto por ingresos brutos,  que se aplique una alícuota 0% para los productos vinculados a insumos sanitarios, medicinales, hospitalarios, de higiene personal y limpieza del hogar.

Otro de los proyectos presentados por la oposición es la exención de pago del impuesto inmobiliario rural, la prórroga de 60 días en los vencimientos de multas de Policía Caminera provincial y la suspensión de pago de las facturas de Secheep y Sameep, así como una prohibición de cortes de suministro por falta de pago o mora de los usuarios.

Protección de usuarios e inquilinos

Por la falta de actividad producto de la cuarentena, los diputaods radicales quieren que se implemente en el Chaco un congelamiento de precios de alquileres y suspensión de desalojos hasta el 30 de septiembre del año en curso, la  suspensión de ejecuciones y remates judiciales y la refinanciación de todos los créditos otorgados por el Nuevo Banco del Chaco. Consideran que esto tendría que estar acompañado por líneas de créditos especiales para Pymes y locatarios de vivienda familiar.

Tope salarial para diputados

Una de las iniciativas que más resonancia tuvo en las últimas semanas, fue la que establece un tope salarial de $50 mil para diputados provinciales, con la opción para que sea adherido por funcionarios provinciales de los distintos ministerios, institutos, empresas estatales y entes descentralizados. El objetivo es conformar un fondo especial para que sea utilizado por el Ministerio de Salud para afrontar los gastos que demanda la pandemia de COVID-19.

En relación a esto, también la implementación de una Bono Extraordinario para el personal de salud pública de $5 mil asignado a la emergencia sanitaria, al igual que el personal de la Policía del Chaco. Esto acompañado por un incremento del 150% en el concepto “Riesgo de Salud” para el personal que presta servicios en centros sanitarios cualquiera sea su situación de revista, así como el boleto gratuito en el servicio de transporte público de pasajeros.

Potenciación del sistema sanitario

En lo que se refiere a la infraestructura sanitaria en tiempo de emergencia, los diputados de la UCR quieren otorgar una autorización al Poder Ejecutivo para que se pueda avanzar con la reimputación de partidas presupuestarias para ser destinadas a atender la demanda del sector sanitario por la pandemia COVID-19.

Por esto quieren establecer por 180 días, a partir de su promulgación, que no se liciten ni comiencen obras públicas que no sean vinculadas al ámbito de la salud, continuando solamente las que están en marcha. El destino del ahorro será utilizado para financiar las necesidades propias de la emergencia sanitaria.

Del mismo modo los legisladores radicales hicieron hincapié en la necesidad de dar tratamiento a varios pedidos de informes respecto de situaciones vinculadas a la emergencia sanitaria, a fin de conocer protocolos y programas sanitarios implementados frente a la pandemia COVID-19, licitaciones y compras en el marco de la emergencia sanitaria, protocolos de bioseguridad existentes en residencias geriátricas, situación del servicio de emergencias médicas 107 U.C.C.E.M y el detalle de fondos girados a municipios en el marco de las partidas enviadas por la Nación a la provincia.