Rechazo a prisiones domiciliarias concedidas a condenados por delitos de lesa humanidad

Organismos de Derechos Humanos repudiaron la decisión de los jueces Juan Manuel Iglesias y Eduardo Belforte. Se beneficia a quienes cumplen sentencia por torturas, violaciones, homicidios y desapariciones forzadas.

Losito, antes de ser beneficado por el fallo, cumpliendo su condena en la U7. (Prensa Comisión Provincial por la Memoria)


Organismos de Derechos Humanos de la provincia rechazaron de forma unánime las presiones domiciliarias concedidas a seis condenados por delitos de lesa humanidad otorgadas por los jueces del Tribunal Oral Federal, Juan Manuel Iglesias y Eduardo Belforte. Se trata de Héctor Roldán, José Marín, Jorge Ibarra, Ernesto Simoni, José Rodríguez Valiente y Horacio Losito, condenados en las causas Caballero y Masacre de Margarita Belén por habérseles comprobado la autoría de torturas, violaciones, homicidios y desapariciones forzadas así como también privación ilegítima de la libertad.

Vale mencionar que en cinco casos no serán efectivas hasta tanto la Cámara Federal resuelva una serie de apelaciones presentadas por la defensa.

Esta situación generó un repudio por los organismos de DDHH y de la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco quienes exigieron el cumplimiento de las condenas de modo efectivo en cárcel común “para los autores de torturas, violaciones, homicidios y desapariciones forzadas durante la última dictadura”.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria aseguraron que “los genocidas tuvieron un papel protagónico en el terrorismo de Estado desatado en la región”.

Aseguraron además que en todos los casos “se trata de un subterfugio por parte de los represores que cuenta con el visto bueno de los jueces Belforte e Iglesias para eludir el cumplimiento de las condenas con la excusa de peligro de contagio en el marco de la pandemia de coronavirus”.

En principio las prisiones domiciliarias no se harán efectivas para Simoni, Roldán, Ibarra y Rodríguez Valiente gracias a la resolución de la jueza federal Zunilda Niremperger, quien denegó el privilegio luego de que la Fiscalía Federal y la querella que impulsa la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia presentarán sendas solicitudes de oposición al cese de cumplimiento efectivo de las condenas respectivas. Tampoco se materializaría en el caso de Marín.

Remarcaron a los jueces del Tribunal que “no puede haber ambivalencias ni complicidades judiciales con la protección a represores sobre la base de interpretaciones antojadizas del proceso penal y de las garantías individuales, justamente en beneficio de torturadores y asesinos que fueron juzgados y condenados en juicios apegados al Estado de Derecho”.