Un conflicto que resuena en las calles de La Boca
En el corazón de uno de los barrios más emblemáticos de Buenos Aires, la comunidad de La Boca se encuentra en pie de guerra. La razón: un proceso de privatización que amenaza con cambiar la fisonomía de un lugar tan carismático como histórico. Se trata de un área que abarca desde el transbordador de La Boca hasta la calle Rocha, pasando por la avenida Pedro de Mendoza, justo en frente de Caminito y la emblemática Vuelta de Rocha.
Este martes, decenas de vecinos, activistas sociales y feriantes se congregaron en una marcha que partió desde el puente, movilizándose hacia la zona de Caminito para expresar su rechazo a la privatización impulsada por el jefe de Gobierno Jorge Macri y la administración de Javier Milei. Con carteles que proclamaban “Macri, el único ocupa sos vos” y “La Boca no se vende, se defiende”, la manifestación reflejó el descontento general.
Desarrollos cuestionables en la ribera
La controversia comenzó cuando la Administración General de Puertos, un organismo nacional, concedió un “permiso” a una asociación mutual para instalar una serie de locales comerciales hechos de material Durlock a lo largo de la Ribera. Aunque inicialmente se empezaron a instalar estas estructuras, la rápida respuesta de los habitantes y referentes del barrio logró que fueran retiradas. Sin embargo, la inquietud persiste ante la posibilidad de que sean reinstaladas.
Antolín Magallanes, exdirector general de Gestión Política y Social de ACUMAR y presidente de Nuevo Encuentro CABA, expresó su preocupación, señalando que la ubicación de una feria artesanal en la ribera obstruye la vista del río, sugiriendo una redistribución que permita un mejor aprovechamiento del espacio y promueva una mayor interacción en el área.
La resistencia del barrio
La propuesta de instalar puestos comerciales en la ribera ha encontrado un rechazo unánime entre los vecinos de La Boca. Sebastián Arrache, artesano y delegado de la Feria, destacó que si bien la comunidad no se opone completamente a la presencia de la feria —trasladada allí obligatoriamente—, prefieren que el espacio ribereño permanezca accesible y libre para el disfrute de locales y turistas. Esta medida, argumentan, va en contra de ese deseo.
Implicaciones políticas y jurídicas
El cruce de acusaciones y la confusión sobre las responsabilidades jurisdiccionales son palpables. Un vecino manifestante señaló que, mientras los feriantes ocupan un lugar que es jurisdicción de la Dirección Nacional de Puertos, este organismo ha informado al gobierno de la ciudad que no pueden permanecer allí debido a que el espacio fue concedido a la mutual. Además, es importante señalar que la Administración General de Puertos no está habilitada para autorizar la instalación de locales comerciales en la Ribera, sino únicamente para expedir permisos relacionados con actividades náuticas.
En un documento oficial, se menciona que se otorgó un título de ocupación a la Asociación Mutual de Feriantes y Puesteros ‘22 de Enero’ para utilizar una superficie determinada, lo que sugiere un esfuerzo coordinado entre la alianza política del PRO y La Libertad Avanza para privatizar esta parte del barrio.
La situación es clara y el rechazo a la privatización, evidente. Si la iniciativa se lleva adelante, aproximadamente 180 locales comerciales se interpondrán entre el río y el paso de las personas por la Vuelta de Rocha, alterando significativamente la experiencia del lugar que muchos buscan preservar.
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Esteban Navarro es un corresponsal internacional apasionado por la geopolítica y las relaciones globales. Ofrece reportajes de campo y análisis sintéticos de crisis y alianzas mundiales. Su enfoque claro ilumina cómo los temas internacionales impactan tu vida cotidiana.