¿La Constitución porteña cumplió sus promesas o quedó en papel? Treinta años después de su sanción, muchos artículos siguen sin traducirse en políticas concretas y sectores sociales reclaman medidas que no llegan. Este balance recorre derechos, instituciones y conflictos urbanos que siguen pendientes en la Ciudad.
A continuación se desglosan los principales vacíos, con voces de especialistas, organizaciones y gremios que explican por qué la letra constitucional todavía no se refleja en la calle.
Un aniversario y una deuda histórica
El 1 de octubre marcó tres décadas desde la aprobación de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pese a su antigüedad, varios artículos reclaman implementación efectiva y aparecen como asignaturas pendientes: educación, vivienda, ambiente, participación ciudadana y la autonomía comunal están entre lo más reclamado.
Quienes observan la evolución jurídica sostienen que la reforma de 1994 en la Constitución Nacional abrió un marco ampliado de derechos —incluyendo los de tercera generación y los tratados internacionales— que las constituciones provinciales y la de la Ciudad deben respetar. Sin embargo, la distancia entre el reconocimiento formal y su ejecución se mantiene.
Prioridades incumplidas: un listado que no mejora
Entre los puntos que organizaciones y especialistas citan como urgentes aparecen:
– Derecho a la vivienda y políticas para resolver el déficit habitacional.
– Acceso pleno a la educación pública desde la primera infancia hasta el nivel superior.
– Aprobación y aplicación del Código Ambiental.
– Autonomía real de las comunas y consolidación del sistema comunal.
– Mecanismos efectivos de participación ciudadana y presupuesto acorde para políticas de género e infancia.
Durante las últimas dos décadas, según reclaman sectores sociales, la gestión macrista no impulsó seriamente la implementación de muchos de esos mandatos.
Vivienda: la Constitución exige acciones concretas
A diferencia del reconocimiento general del derecho a la vivienda que figura en la Constitución Nacional (14 bis), la carta porteña incluye una obligación explícita de enfrentar el déficit habitacional. Esa diferencia no es menor: la normativa local no solo reconoce el derecho sino que determina que el Estado debe asumir la responsabilidad de resolver la falta de viviendas dignas.
El abogado Marco Tirendi ha señalado que la Constitución de la Ciudad va más lejos al mencionar inmuebles ociosos y promover formas de autogestión ciudadana. Además, exige al Estado intervenir en infraestructura y servicios de manera más específica que la norma nacional. Pese a ello, esas obligaciones no se han traducido en políticas a la altura de lo establecido.
Educación: la promesa del ciclo completo que no se concretó
Lo que la Constitución establece
La carta local asigna a la Ciudad la responsabilidad indelegable de garantizar y financiar la educación pública, laica y gratuita desde los 45 días de vida hasta el nivel superior. La obligatoriedad para las familias hoy rige desde los tres años, tras una modificación aprobada en la Legislatura.
La realidad en las aulas
En los hechos, el sistema no asegura vacantes completas en maternales para niños desde los 45 días. En su lugar se dispusieron Centros de Primera Infancia que funcionan como guarderías distribuidas por la ciudad, pero no sustituyen plenamente a las escuelas infantiles previstas por la Constitución.
Carolina Brandariz, docente y socióloga vinculada a CTE–UTE, sostiene que programas diseñados para la inclusión educativa —como las escuelas de reingreso o los dispositivos socioeducativos— han sido reducidos y desfinanciados. El resultado es que muchas escuelas terminan asumiendo funciones sociales que exceden su misión pedagógica y que responden a la falta de políticas sociales que acompañen a las familias afectadas por el modelo económico vigente.
Salud laboral docente: auditorías y prácticas que generan conflicto
El sistema de auditorías médicas para docentes también es objeto de denuncias. Pablo Francisco, secretario de CYMAT de UTE-CTERA, indica que hay fallas recurrentes que perjudican al personal docente:
– Convocatorias presenciales aun cuando la indicación médica prescribe reposo.
– Citaciones con escasa antelación, tanto presenciales como por Zoom.
– Llamados incluso durante internaciones hospitalarias.
– Procedimientos de la empresa tercerizada que maneja las licencias con problemas técnicos, criterios médicos dudosos o desconocimiento de la normativa.
Estas prácticas generan perjuicios y precarización para los trabajadores de la educación.
Ambiente y hábitat: normas declaradas, prácticas contrarias
Desde capítulos pioneros sobre ambiente y hábitat, la Constitución porteña incluyó exigencias como la evaluación de impacto ambiental. No obstante, la aplicación de estas previsiones fue muchas veces laxa y permisiva frente a proyectos inmobiliarios.
En 2023 la Justicia porteña determinó que la Ciudad debe contar con un Código Ambiental y ordenó a la Legislatura que lo elabore y apruebe “a la mayor brevedad posible”. La ausencia de ese código es un reclamo judicial y ciudadano que todavía espera respuesta normativa.
María Elena Naddeo, secretaria general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), denuncia la persistente presión inmobiliaria que ha erosionado las protecciones de los capítulos de Ambiente y Hábitat. Un caso emblemático es el del Movistar Arena en Villa Crespo: un emprendimiento que, según críticos, impacta negativamente a un entorno de casas bajas mediante vibraciones, ruidos, cortes de calles y ocupación de espacios linderos.
Además, Naddeo apunta problemas presupuestarios en áreas esenciales:
– Reducción anual del presupuesto de la Dirección de la Mujer.
– Insuficiente asignación de recursos para programas de Niños, Niñas y Adolescentes.
– Trabajadores de la infancia y adolescencia con salarios precarizados.
– Falta de mecanismos reales para escuchar la voz de las infancias, tal como plantea el articulado constitucional.
Comunas y participación: descentralización incompleta
La Constitución pensó a las comunas como una herramienta de cercanía y participación ciudadana, pero en la práctica la descentralización quedó inconclusa. Según observadores y especialistas, nunca existió una voluntad política sostenida desde los ejecutivos para consolidar una estructura comunal robusta.
Un dato que genera controversia es la existencia de iniciativas que buscan limitar derechos y recursos de los comuneros, como proyectos que pretenden que los miembros de las comunas no perciban una remuneración por su tarea, lo que plantea dudas sobre la viabilidad y la seriedad del sistema de participación previsto.
Voces sobre el avance y los pendientes
Diversos referentes subrayan que la Constitución porteña introdujo un salto en el reconocimiento de derechos y estableció metodologías estatales para su cumplimiento. Sin embargo, sostienen que la letra no alcanza si no se traduce en políticas públicas con recursos y voluntad política. Organizaciones de derechos humanos, gremios docentes y especialistas legales siguen señalando incumplimientos concretos y exigiendo medidas que conviertan las garantías constitucionales en realidades cotidianas.
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Esteban Navarro es un corresponsal internacional apasionado por la geopolítica y las relaciones globales. Ofrece reportajes de campo y análisis sintéticos de crisis y alianzas mundiales. Su enfoque claro ilumina cómo los temas internacionales impactan tu vida cotidiana.