Nunca se apagan del todo los micrófonos: la luz roja se prende y, aunque por fuera se discutan destinos institucionales, adentro se hace radio. Pero detrás de cada programa late una pregunta incómoda: ¿qué quedará de un medio público si su operación se entrega a privados?
La historia combina turnos en el aire, licitaciones, advertencias de un regulador nacional y recursos judiciales. Este texto recorre esos hechos y explica por qué la disputa alcanza más que los puestos de trabajo.
En el estudio y en la incertidumbre
La rutina de una emisora se mantiene: consolas encendidas, productores buscando material, operadores ajustando niveles y conductores al aire. Esa continuidad contrasta con la sensación de espera que arrastran quienes hacen el programa: contratados que no saben si conservarán su trabajo y empleados de planta que escuchan rumores sobre reubicaciones.
Trabajar así, en la doble condición de producir y aguardar una decisión administrativa o judicial, es una forma de precariedad que atraviesa el conflicto. No solo se trata de radios que siguen al aire: se trata de personas, saberes y prácticas en juego.
La letra constitucional y su interpretación
La Ciudad de Buenos Aires celebra los 30 años de su Constitución, y uno de sus artículos (el 47) encarga al Estado preservar la pluralidad de emisores y gestionar los servicios de radiodifusión a través de un ente autárquico, con participación consultiva de actores culturales y de la comunicación. Además, establece que los servicios estatales deben garantizar y estimular la participación social.
Esa disposición sirve de referencia para preguntarse qué significa, en la práctica, mantener medios públicos: ¿basta con el nombre y el dial o hace falta asegurar la dinámica de producción, la pluralidad y la participación ciudadana?
La propuesta del gobierno porteño: ceder la operación
Gerenciamiento vs. venta
El Ejecutivo de la Ciudad sostiene que no se trata de vender frecuencias sino de transferir por cinco años la operación y el gerenciamiento a privados. Desde el punto de vista jurídico, la diferencia es real: la titularidad de las frecuencias quedaría en manos de la Ciudad, pero la gestión diaria, la programación y la contratación podrían quedar en manos de terceros.
La justificación oficial
La razón esgrimida públicamente es económica: dejar de financiar con impuestos servicios que, según el Gobierno, “el sector privado puede administrar e invertir mejor”. Esa explicación abre un debate político sobre el rol del Estado en los medios públicos y sobre qué tipo de gestión se busca promover.
El organismo regulador y el reclamo judicial
En ese marco intervino ENACOM. El 10 de abril el organismo remitió una nota al Gobierno porteño (NO-2026-36392697-APN-ENACOM#JGM) advirtiendo que el procedimiento de delegación podría contradecir el régimen de indelegabilidad previsto por la Ley 26.522 y su reglamentación, y luego calificó la eventual delegación como una falta grave en el expediente judicial iniciado por los trabajadores.
No fue un pronunciamiento de la oposición ni de un sindicato, sino del regulador nacional competente en comunicaciones. Pese a ello, la Ciudad decidió avanzar con el proceso licitatorio.
Ante la presentación judicial de los trabajadores, una primera resolución rechazó su planteo. Posteriormente, en septiembre, el fiscal general ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó que debía reconocerse la legitimación de los trabajadores y revocarse la decisión de primera instancia. Ese dictamen incorporó las advertencias de ENACOM y remitió la causa a la Sala III de la Cámara, dejando abierta la posibilidad de reexaminar medidas cautelares. En términos prácticos, el dictamen fortaleció el reclamo laboral pero no suspendió automáticamente la licitación.
Cronología de las licitaciones y actores privados
El plan se anunció el 12 de marzo: la Ciudad abriría licitaciones para el gerenciamiento operativo de sus medios. El 12 de mayo se abrieron las primeras ofertas; para las radios La Once Diez y La 2×4 no hubo oferentes y quedaron desiertas, mientras que para el Canal de la Ciudad sí se presentaron propuestas. Finalmente, mediante la Resolución Conjunta 18/MJGGC/26, la administración adjudicó por cinco años el gerenciamiento del canal a Cale Group Media S.A., vinculada al empresario Augusto Marini, por un canon mensual de 50 millones de pesos.
Marini forma parte del ecosistema de medios digitales a través de emprendimientos como Blender y Carajo. En este último comparte sociedad con Daniel Parisini (conocido en el medio como Gordo Dan), figura pública asociada al espacio LLA. Esa relación empresarial está documentada; convertirla en prueba de un interés político de la adjudicación requeriría más elementos, pero no hace falta forzar esa conclusión: los hechos ya plantean preguntas sobre transparencia y criterios de selección.
El 28 de septiembre se reabrió el capítulo de las radios y esta vez hubo oferentes: Green Umbrella Producciones, Kligger SRL y Rodolfo Héctor Herrera presentaron propuestas para gerenciar La Once Diez y La 2×4 por cinco años. El canon base establecido fue de 1.530.000 pesos mensuales por emisora; Green Umbrella y Herrera ofrecieron 2.500.000 pesos por La 2×4, mientras que Kligger presentó el monto base. Una Comisión de Evaluación analizará las presentaciones y recomendará una adjudicación.
Qué implica tercerizar la operación: producción y costos
Poner en manos de terceros la operación no solo cambia quién firma los cheques: afecta cómo se producen los contenidos y qué se valora al calcular presupuestos. Para dar una idea de lo que requiere una hora de programación con trabajo periodístico y técnico, hay que considerar:
– profesionales de investigación y periodistas
– operadores de audio y técnicos de consola
– locutores y conductores
– productores y coordinadores de programación
– acceso a archivos y licencias musicales
– trabajo de edición, postproducción y mantenimiento técnico
Esos elementos no son cosmética: representan conocimiento acumulado y costos reales. El canon ofertado para gerenciar no solo paga una rentabilidad a la empresa adjudicataria; financia la contratación (o no) de ese conjunto de tareas.
Lo que está en disputa: identidad pública versus envase privado
El conflicto va más allá de conservar nombres, diales o señales luminosas en el estudio. Es posible mantener el rótulo de una emisora y, sin embargo, transformar el núcleo de lo público: cómo se decide la programación, quién participa de esa decisión y a qué interés responde el medio.
Para quienes trabajan en esas emisoras y para parte del público, la preocupación central es que el “envase” se mantenga pero se altere la relación entre el Estado, las personas que producen los contenidos y la audiencia a la que pertenecen esos servicios.
Un proceso abierto mientras la radio suena
La licitación avanzó y la Justicia sigue su curso; la Sala III deberá resolver cuestiones fundamentales. Mientras tanto, tres privados ya ofrecieron montos para operar las radios y la administración continúa con el procedimiento. Y en los estudios, como siempre, los micrófonos se prenden: la luz roja indica AIRE y el trabajo sigue, al menos por ahora.
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Esteban Navarro es un corresponsal internacional apasionado por la geopolítica y las relaciones globales. Ofrece reportajes de campo y análisis sintéticos de crisis y alianzas mundiales. Su enfoque claro ilumina cómo los temas internacionales impactan tu vida cotidiana.