¡Al rojo vivo en el Consejo del Salario! Un choque entre sindicatos, empresarios y el Gobierno terminó sin acuerdo y dejó en el aire el futuro del salario mínimo: cifras que parecen de ficción, una oferta que apenas suma unos pesos y la promesa de que el Ejecutivo decidirá por la vía administrativa.
Mientras las centrales exigen cifras contundentes y presencialidad para la negociación, las cámaras patronales ofrecieron aumentos simbólicos. El resultado: la negociación se rompió antes del plenario y los trabajadores esperan la resolución oficial.
Choque inmediato: la reunión virtual que detonó la protesta
La tensión estalló cuando las tres centrales sindicales (CGT y ambas CTAs) rechazaron participar en una convocatoria realizada por videoconferencia. Los dirigentes reclamaron un encuentro presencial y, ante la ratificación de la modalidad virtual por parte del Gobierno, decidieron no presentarse en el plenario.
A la par de la disputa por la forma del debate, las organizaciones sindicales volvieron a pedir un ajuste sustancial del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Las cifras en discusión contrastan fuertemente con la oferta de las cámaras empresarias, lo que terminó por quebrar la negociación.

La oferta empresarial en números y por qué generó rechazo
Qué propusieron los empleadores
Las cámaras empresarias presentaron la siguiente propuesta técnica:
– 1,8% de aumento aplicado en septiembre sobre el valor actual.
– 1,7% de incremento mensual desde octubre hasta abril de 2027.
El impacto real: apenas unos pocos miles
Con el SMVM vigente en $376.000, el aumento inicial propuesto equivalía a unos $6.000. “Lo que ofrecieron no alcanza ni para un kilo de pan”, dijo Jorge Sola, co-titular de la CGT, en una entrevista con InfoGremiales. Esa valoración sintetiza la percepción sindical: la oferta resulta insuficiente para afrontar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años.

Demandas sindicales: montos, prioridades y medidas reclamadas
Los gremios presentaron una propuesta unificada que incluía montos concretos y demandas organizativas. Entre las exigencias principales figuran:
– Elevar el SMVM a $911.202 en septiembre.
– Alcanzar $993.300 en diciembre.
– Que el Consejo del Salario funcione de manera presencial y con la participación plena de sus comisiones (Empleo, Producción, Formación Profesional, entre otras).
– Definir una canasta básica de referencia para discutir con mayor precisión el valor del SMVM.
– Restablecer y actualizar el programa “Volver al Trabajo”, cuya eliminación afectó a 956.000 trabajadores y trabajadoras, en su mayoría mujeres que realizan tareas en comedores y programas sociales.
Las centrales sostienen que esas cifras buscan evitar que el salario mínimo quede consolidado como un ingreso de pobreza y para poder discutir con parámetros más objetivos el poder adquisitivo real.
La pulseada por la presencialidad y la cuestión de los cargos
Antes de la reunión, hubo quienes propusieron movilizarse a la sede del antiguo Ministerio de Trabajo, en Avenida Leandro N. Alem 650, pero finalmente se descartó la protesta física porque el encuentro estaba convocado de manera virtual. Al confirmarse la modalidad, los sindicatos optaron por no asistir al plenario.
Un punto álgido fue la ausencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero. Los dirigentes interpretaron esa falta como una muestra de desinterés oficial. En su lugar, la subsecretaria de Relaciones de Trabajo, Claudia Testa, encabezó la representación del Poder Ejecutivo, lo que profundizó el malestar gremial.
Desde el mega-ministerio denominado “Capital Humano” defendieron la videoconferencia alegando que la grabación de la reunión garantizaría transparencia sobre lo conversado, argumento que no convenció a las centrales.
Nueve meses después: el antecedente y la intervención del Ejecutivo
El Consejo del Salario volvió a reunirse tras nueve meses sin acuerdo. El último encuentro con resultado fallido fue el 26 de noviembre del año anterior; entonces, el Ejecutivo impuso aumentos escalonados que llevaron el salario desde $334.800 hasta el nivel vigente.
Ante la nueva falta de consenso, corresponderá al Ejecutivo resolver mediante un laudo que se formaliza por resolución, el mecanismo previsto en la Ley de Empleo. Esa práctica de resolución administrativa ha sido criticada por dirigentes que consideran que convierte al salario mínimo en una suerte de subsidio resuelto unilateralmente por el Gobierno.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, cuestionó la dinámica: “El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias”, y advirtió que hace más de dos años no se alcanzan acuerdos y se termina resolviendo por resolución gubernamental.
Lo que dijeron la CGT y las CTAs: comunicados y acusaciones
Posicionamiento de la CGT
El Consejo Directivo Nacional de la CGT publicó un comunicado crítico en el que describió la reunión virtual como una “puesta en escena” y afirmó que “sin diálogo real no hay acuerdo posible. El salario no puede ser un ingreso de pobreza”. Reafirmó la exigencia de un piso salarial que llegue a $911.202 en septiembre y $993.300 en diciembre, y denunció la escasa relevancia que el Gobierno otorga a la instancia por la ausencia de la máxima autoridad de la Secretaría de Trabajo.
El documento sindical también resaltó que estos montos, aunque inferiores a la línea de pobreza estimada por el INDEC ($1.564.716), superan con holgura el umbral de indigencia ($708.016), lo que evidencia la precariedad de quienes perciben el actual SMVM.
Reclamos y críticas desde las CTAs
Las dos CTAs emitieron un comunicado conjunto titulado “Salarios de miseria: empresarios y Milei, socios del ajuste”, en el que denunciaron que la virtualidad responde a “una estrategia de vaciamiento” del órgano tripartito. Reiteraron la demanda de presencialidad y pidieron que todas las comisiones del Consejo vuelvan a funcionar en forma efectiva.
Además, señalaron la necesidad de definir una canasta básica de referencia e insistieron en la recuperación del programa “Volver al Trabajo”, cuya supresión perjudicó a centenares de miles de trabajadores. En su texto las CTAs nombraron expresamente a las cámaras empresarias que realizaron la oferta: Unión Industrial Argentina (UIA), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Asociación Empresaria Argentina (AEA), y acusaron la “complicidad del sector empresarial” con la actitud del Gobierno.
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Manuel Suárez es un periodista de investigación especializado en política y sociedad argentina. Analiza decisiones gubernamentales y movimientos sociales para ofrecerte una visión clara de los temas nacionales. Su estilo factual te ayuda a comprender el impacto en tu vida diaria.