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Por : Manuel Suárez

Familiares exigen al Estado: ¿Dónde están los desaparecidos? Presentan habeas corpus

¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente vivir con la incertidumbre de no saber dónde están tus seres queridos? Es una realidad que enfrentan familias de desaparecidos en Argentina, quienes tras 50 años de búsqueda incansable, aún exigen respuestas. En un giro reciente y emocionante, estas familias tuvieron la oportunidad de ser escuchadas por la justicia, marcando un momento crucial en su larga lucha por la verdad y la justicia.

Una Lucha de Medio Siglo y un Recurso Legal Colectivo

El 24 de marzo, coincidiendo con el aniversario del golpe de Estado de hace 50 años, el colectivo SonSinCuenta presentó un habeas corpus a las 3:10 de la madrugada, la misma hora en que se inició el golpe. Este recurso no fue solo un acto legal, sino también un acto simbólico, buscando respuestas sobre el paradero de los desaparecidos. Frente al palacio de Tribunales, con una frase proyectada en sus paredes que decía “Qué digan dónde están”, intentaron presionar al Estado para que brinde información.

La respuesta inicial de la justicia, particularmente del juez federal Sebastián Ramos, fue rechazar el recurso, argumentando que el habeas corpus es para casos urgentes e individuales, no para una solicitud colectiva como la presentada. Esta decisión fue apelada por el grupo, argumentando que el Estado no solo tiene la obligación de responder, sino que la naturaleza del delito de desaparición forzada exige una búsqueda continua y sin restricciones.

Un Cambio de Dirección en la Cámara Federal

El recurso tomó un giro esperanzador cuando llegó a la sala II de la Cámara Federal. Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico no solo escucharon a los abogados y familiares, sino que también ordenaron a Ramos reconsiderar su decisión inicial. Durante la audiencia, el abogado Luis Zamora expuso los argumentos legales y humanitarios que respaldan el pedido, subrayando la importancia del derecho a la verdad y al duelo.

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La intervención de Zamora destacó la dignidad y la necesidad de cerrar el capítulo de incertidumbre que ha afectado a estas familias durante décadas. Además, mencionó cómo las acciones del Estado han obstaculizado en lugar de facilitar la búsqueda de los desaparecidos, citando las leyes de impunidad y el cierre de causas como ejemplos de estos obstáculos.

La Voz de las Víctimas en los Tribunales

El 7 de mayo, los pasillos de Comodoro Py resonaron con los ecos de los familiares y abogados del colectivo SonSinCuenta exigiendo respuestas. Los camaristas permitieron que los familiares presentes expresaran sus demandas y sentimientos, en una sesión donde la atención y el respeto por su dolor fueron evidentes.

Figuras como María Toninetti y Verónica Lara hicieron uso de la palabra para enfatizar la necesidad de romper el pacto de silencio y recuperar la información contenida en los archivos del Estado. La emotividad del momento fue palpable, con cada intervención reflejando el dolor y la resiliencia de quienes aún buscan justicia.

Esperanza de Justicia y Respuesta del Estado

A pesar de las dificultades y los rechazos iniciales, el caso presentado por SonSinCuenta ha logrado avances significativos. Los jueces de la Cámara Federal han reconocido el derecho a la verdad y la necesidad de una fundamentación adecuada en derecho para la solicitud de habeas corpus colectivo. Este reconocimiento es un paso vital hacia la posibilidad de que el Estado finalmente actúe de acuerdo con su obligación de investigar y divulgar el paradero de los desaparecidos.

La lucha de SonSinCuenta es un recordatorio de la persistencia de la demanda de verdad y justicia en Argentina, y una prueba de que, incluso después de décadas, la esperanza de las familias de recibir respuestas sigue viva. La decisión final de los jueces está pendiente, pero el hecho de que la justicia haya escuchado estas voces ya es un cambio notable.

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Este caso no solo resalta la importancia de la perseverancia en la búsqueda de justicia, sino también la necesidad de que el Estado cumpla con su rol de garantizar los derechos humanos, sin importar el tiempo que haya pasado.

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