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Por : Manuel Suárez

Molinos Río de La Plata: juicio por trabajadores desaparecidos, empresa acusada por la dictadura

¿Puede una compañía haber colaborado con la represión estatal para quebrar sindicatos y transformar la economía? El inicio de un nuevo juicio en La Plata vuelve a poner esa pregunta en el centro: un exdirectivo de una histórica aceitera está acusado de facilitar secuestros y desapariciones durante la dictadura.

El proceso arrancará en septiembre y promete reabrir heridas, pero también mostrar piezas claves de una investigación que llevan adelante familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos desde hace décadas.

Arranca el proceso penal: fecha, tribunal y acusado

El 10 de septiembre comienza en el Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata el juicio oral y público contra Emilio Parodi, quien fuera jefe de Personal en la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda durante la última dictadura cívico-militar. Se lo imputa por su presunta participación en los secuestros y desapariciones de trabajadores aceiteros que tuvieron lugar el 7 de julio de 1976.

Los tres trabajadores por los que se lo procesa en esta audiencia —Roberto José Rivolta, Santos Ojeda y Francisco Fernández— siguen hoy como desaparecidos. El inicio del juicio coincide con el 50° aniversario del golpe de Estado, lo que renueva el debate sobre responsabilidades empresariales en delitos de lesa humanidad.

Fachada del Tribunal Oral Federal de La Plata
El Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata donde comenzará el juicio en septiembre.

La acusación y cómo se reconstruyó el operativo

Qué le atribuye la fiscalía a Parodi

La investigación sostiene que, en su rol gerencial y al frente del área de Personal, Parodi habría colaborado con las fuerzas represivas. Esa colaboración incluyó la utilización de personal de vigilancia interna y la entrega de listados con nombres de trabajadores, elementos que facilitaron los allanamientos y secuestros cometidos por fuerzas armadas y de seguridad.

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Cómo operó el plan represivo

Los hechos reconstruidos por la causa apuntan a una acción coordinada: agentes ingresaron a la planta de Avellaneda y se llevaron a trabajadores que aparecían en las listas proporcionadas por la empresa. Además de las detenciones dentro de la fábrica, las víctimas fueron secuestradas en sus hogares, en la vía pública y en los recorridos hacia el puesto de trabajo.

En 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó el procesamiento de Parodi por privación ilegal de la libertad agravada respecto de los tres trabajadores, delitos calificados como de lesa humanidad.

Las pruebas y la trayectoria del expediente

La causa por responsabilidad empresarial no surgió de la noche a la mañana: acumula años de diligencias, pericias y medidas judiciales. En 2014, la Justicia Federal de La Plata realizó allanamientos en las plantas de Molinos Río de la Plata en Avellaneda y Victoria, donde se secuestró documentación del período 1975-1983, incluidos libros de actas, registros de personal y planillas salariales.

En 2019 se efectuó una inspección ocular en la fábrica que permitió reconstruir el escenario de varios de los hechos investigados. La acumulación de pruebas y testimonios fue impulsada por la constancia de familiares, sobrevivientes, organismos de derechos humanos y sindicatos que exigieron avanzar en la investigación.

Cajas y archivos con documentación judicial y planillas antiguas
Documentación secuestrada en los allanamientos que nutre la causa.

Víctimas vinculadas a la planta de Avellaneda

La Federación Aceitera y otras querellas relatan que al menos 26 personas —entre trabajadores y familiares— fueron víctimas de delitos cometidos por el aparato represivo por su actividad sindical en la planta de Molinos de Bunge & Born en Avellaneda. Entre ellas se encuentran:

– Francisco Fernández
– Rubén Mataboni
– Eduardo Rosen
– Roberto Rivolta
– Héctor Vidal y su esposa María Inés Ávila
– Humberto Dippólito
– Juan Carlos Pasquarrosa
– José Jacinto Pasquarrosa
– Héctor Dadin Vasere
– Avelino Freitas
– José Luis Salazar
– Carlos Robles
– Alfredo Patiño
– Carlos de Jesús Espíndola
– Santos Ojeda
– Ricardo Avelino Almaraz y su esposa Celia Arzamendia
– Graciela Vitale
– Juan Omar Durante
– José Vega
– Marcos Augusto Vázquez
– Jorge Luis Gurrea
– René Albornoz, su esposa Elba Noemí Musaschio y su hija Paula Noemí Albornoz Musaschio (apropiada tras la desaparición de sus padres)

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Quiénes impulsan la causa y qué reclaman

Las querellas están integradas por familiares de las víctimas, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia y organizaciones gremiales y de derechos humanos. Entre las entidades más activas figuran la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA Capital y Gran Buenos Aires).

En 2023 esas organizaciones solicitaron además la citación a indagatoria de dieciséis jefes y personal jerárquico más de la planta de Avellaneda, argumentando que existen elementos para investigar su responsabilidad en los secuestros de trabajadores. Para las querellas, el inicio del juicio contra Parodi constituye un avance, pero no agota la búsqueda de verdad y justicia en la red empresarial que habría colaborado con el aparato represivo.

Contexto: implicancias económicas y laborales

Las organizaciones que impulsan la causa sostienen que la persecución a trabajadores y delegados formó parte de un proceso más amplio de disciplinamiento laboral y reconfiguración económica durante la dictadura. Según su planteo, la connivencia entre empresas y fuerzas del Estado contribuyó a imponer un modelo que favoreció la reducción de salarios, la deuda externa y la desarticulación de la producción industrial, en beneficio de la especulación financiera.

A medio siglo del golpe, el debate judicial sobre Molinos Río de la Plata vuelve a interpelar la relación entre poder económico, terrorismo de Estado y el control sobre la organización sindical de los trabajadores.

Pasos procesales que siguen tras el inicio del juicio

El comienzo de la audiencia pública es sólo una etapa más en un expediente con múltiples líneas de investigación. Durante el juicio se intentará establecer con claridad el grado de participación del acusado en los hechos imputados, mientras las querellas buscan ampliar el foco para investigar a otros responsables empresariales y jerárquicos vinculados a la planta de Avellaneda.

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