¿Un negocio petrolero en aguas argentinas listo para arrancar en 2028 y nadie frena a las empresas? Una presentación judicial busca poner un freno urgente al proyecto “Sea Lion” antes de que se perforen los fondos marinos de la Cuenca Malvinas Norte.
La iniciativa parte de excombatientes y abogados ambientalistas que aseguran que hay riesgo ambiental grave y falta de autorizaciones nacionales. A continuación se explican los detalles del reclamo, quiénes lo impulsan y qué medidas piden en la justicia.
Qué reclaman ante la justicia y por qué
Los demandantes solicitaron una acción preventiva por daño ambiental en el Juzgado Federal de Río Grande (Tierra del Fuego) con el objetivo de paralizar las tareas previstas en el lecho marino relacionadas con el proyecto Sea Lion. Alegan que las obras programadas podrían provocar un perjuicio irreparable al ecosistema del Atlántico Sur y que no cuentan con las autorizaciones necesarias emitidas por autoridades argentinas.
Responsables del proyecto y alcance de las operaciones
Empresas involucradas
Las compañías señaladas en la presentación son:
– Rockhopper Exploration (de origen británico)
– Navitas Petroleum (con sede en Israel)
Ambas están vinculadas a exploraciones y preparativos en la Cuenca Malvinas Norte, en la zona conocida como Sea Lion o León Marino.
Plazos y volumen estimado
Según las declaraciones aportadas por los representantes de los excombatientes, las empresas han anunciado la posibilidad de comenzar extracción hacia 2028. Ernesto Alonso, referente del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de La Plata, describió el proyecto con términos contundentes: “Estamos hablando de Vaca Muerta 2, con la posibilidad de sacar 120.000 barriles de petróleo diarios”.
Medidas concretas solicitadas en la demanda
La acción judicial no solo busca impedir el inicio de actividades sobre el fondo marino; incorpora solicitudes administrativas y financieras dirigidas a frenar cualquier avance. Entre las medidas pedidas se incluyen:
– Cese y suspensión inmediata de obras y movimientos sobre el lecho marino.
– Bloqueo de operaciones financieras vinculadas al desarrollo del proyecto.
– Notificación y advertencia a bolsas de valores relevantes, como la de Londres y la de Tel Aviv, sobre la litigiosidad y los riesgos ambientales.
– Protección cautelar del área para evitar actos que afecten la integridad ecológica mientras se resuelve el proceso.
Argumentos legales y ambientales
Los promoventes sostienen que la explotación propuesta se realiza sin las autorizaciones nacionales correspondientes y que, además, constituye una violación de resoluciones internacionales relacionadas con el archipiélago. En sus presentaciones subrayan el riesgo extremo que una operación de esta magnitud implicaría para la fauna, la pesca y el equilibrio marino en el Atlántico Sur.
Voces, pruebas y difusión pública
Ernesto Alonso ofreció detalles en una entrevista difundida por Radio Encuentro y en materiales públicos donde alertan sobre la magnitud del proyecto. Además, la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas publicó la iniciativa en redes sociales para visibilizar la acción judicial y sumar respaldo ciudadano y profesional.
Enlaces y fuente original
La noticia y la presentación judicial fueron comunicadas públicamente por las organizaciones intervinientes. Fuente original: https://agencia.farco.org.ar/2026/09/02/malvinas-excombatientes-y-abogados-ambientalistas-fueron-a-la-justicia-federal-contra-la-explotacion-petrolera/
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Manuel Suárez es un periodista de investigación especializado en política y sociedad argentina. Analiza decisiones gubernamentales y movimientos sociales para ofrecerte una visión clara de los temas nacionales. Su estilo factual te ayuda a comprender el impacto en tu vida diaria.