La bala que no salió no cerró la discusión: cuatro años después del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, el episodio sigue reconfigurando debates sobre justicia, poderes y impunidad en la Argentina. Lo que no ocurrió aquel 1° de septiembre de 2022 —la muerte de una líder política— dejó en pie muchas preguntas sobre quiénes rodearon el ataque y qué redes siguieron operando en la sombra.
A continuación se repasa lo sucedido, las investigaciones y las decisiones institucionales que muestran cómo ciertos entramados de poder atraviesan gobiernos y sobrevivieron al escándalo.
El hecho y sus consecuencias judiciales inmediatas
El 1° de septiembre de 2022 Fernando Sabag Montiel apretó el gatillo a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner; la bala no salió. Los dos responsables materiales fueron condenados: Sabag Montiel recibió diez años, y Brenda Uliarte ocho. En paralelo, la ex presidenta fue objeto de un proceso judicial que culminó con una pena de seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la imposición de arresto domiciliario con dispositivo electrónico desde junio de 2025, medida que la Cámara Federal de Casación reafirmó en junio de 2026.
Estos hechos transformaron el escenario político: después de años de enfrentamientos discursivos y persecuciones judiciales, volvió a instalarse la posibilidad de la eliminación física como un riesgo real en la vida pública argentina.
Investigaciones abiertas, cierres y preguntas sin respuesta
Las pesquisas destinadas a esclarecer si hubo instigadores, financistas o algún conocimiento previo de la tentativa no produjeron una explicación integral. Varias líneas de investigación se fragmentaron o fueron archivadas, dejando vacíos sobre las responsabilidades superiores del ataque.
Pista Milman y expedientes conexos
La llamada pista Milman, que indagó si el entonces diputado Gerardo Milman (PRO) tenía información previa, terminó archivada. En junio de 2026 la Cámara Federal de Casación declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por Cristina contra ese cierre. Otras causas relacionadas avanzaron de forma discontinua y, en algunos casos, se separaron en expedientes independientes.
Pagos y vínculos con organizaciones violentas
Revolución Federal, una agrupación vinculada a episodios de violencia en aquellos meses, fue investigada en una causa distinta. Por otro lado se registraron pagos desde la empresa Caputo Hermanos hacia Jonathan Morel y su entorno, persona ligada a esa organización; esos movimientos formaron parte de las piezas que no terminaron de conectarse públicamente con responsabilidades políticas superiores.
La foto de Lago Escondido y la red que persiste
Seis semanas después del atentado, en octubre de 2022, un grupo de jueces y funcionarios viajó a la propiedad de Joe Lewis en Lago Escondido. La imagen y el viaje apuntaron a una red en la que confluían magistrados, representantes del sector empresarial y ex agentes de inteligencia.
Entre las personas que fueron señaladas en la denuncia del Ministerio de Justicia se encontraban:
– Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola (jueces).
– Marcelo D’Alessandro (entonces ministro de Seguridad porteño).
– Juan Bautista Mahiques (fiscal general de la Ciudad en ese momento).
– Otros mencionados: Jorge Rendo, Nicolás Van Ditmar, Leonardo Bergroth y Tomás Reinke.
La presentación judicial denunció ofrecimiento y admisión de dádivas y, en ampliaciones posteriores, posibles hechos de cohecho y tráfico de influencias. Aunque la causa no generó sanciones penales para los involucrados, la imagen pública dejó constancia de relaciones entre justicia, medios y sectores económicos que continuaron influyendo en la escena política.
Trayectorias que conectan administraciones
El caso de Juan Bautista Mahiques es indicativo de esa continuidad. Vínculo del macrismo en el Consejo de la Magistratura, luego fiscal general de la Ciudad y participante del viaje a Lago Escondido, Mahiques pasó en marzo de 2026 a ocupar el Ministerio de Justicia del gobierno de Javier Milei. Su desplazamiento muestra cómo actores centrales pueden moverse entre posiciones de poder a lo largo de distintas administraciones, manteniendo influencia sobre la organización del sistema judicial.
En paralelo, la disputa por cargos en los juzgados federales revela una batalla de largo alcance: a comienzos de 2026 cerca del 36,3% de los puestos en juzgados federales y nacionales estaban vacantes, un dato que explica la relevancia de cualquier política de nombramientos.
Las designaciones judiciales que cambiaron el mapa
En agosto de 2026 el Poder Ejecutivo remitió al Senado 203 pliegos para cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores: la mayor remesa desde la creación del Consejo de la Magistratura (1994). Días después, el 27 de agosto, el Senado aprobó 67 de esos pliegos, con lo que sumaron 129 las designaciones realizadas durante el año.
Dos nombramientos destacaron por su simbolismo y polémica: Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para la Sala I de la Cámara Federal porteña, tribunal que revisa resoluciones de Comodoro Py y que tiene intervención en causas de alto perfil.
Algunos datos relevantes sobre esa votación:
– El pliego de Bertuzzi fue aprobado por 44 votos a favor y 23 en contra; la negativa vino del interbloque justicialista.
– Yadarola fue incluido en un paquete de 66 pliegos aprobados por unanimidad de los senadores presentes.
– La aprobación combinó votos oficialistas, opositores y de sectores peronistas, lo que dejó a la vista acuerdos cruzados pese a denuncias previas.
Cómo operan las corporaciones judiciales más allá de los tribunales
La fortaleza de ciertas estructuras de poder no depende únicamente del control directo de un gobierno ni de la posesión exclusiva de tribunales. Su resiliencia se apoya en la capacidad de tejer relaciones con:
– medios de comunicación,
– grandes intereses económicos,
– servicios de inteligencia,
– redes políticas transversales.
Esa convergencia permite a actores concretos maniobrar durante alternancias electorales: ser denunciados por una gestión, mantener posiciones, reorganizarse y, finalmente, recibir legitimación formal mediante nombramientos o acuerdos políticos.
Un patrón regional
En América Latina se observan fenómenos análogos: judicialización de la política, presiones mediáticas, detenciones preventivas y procesos judiciales que afectan liderazgos populares. Esos mecanismos han redefinido la manera en que se interviene sobre la voluntad ciudadana y la competencia política.
Lo que queda por dilucidar
Existen certezas parciales: se conocen los autores materiales del atentado y la mujer que fue blanco del ataque está condenada y bajo medidas restrictivas. Pero permanecen preguntas sin respuesta sobre las posibles responsabilidades superiores y sobre hasta dónde llegaron los lazos entre actores judiciales, políticos, mediáticos y económicos en esos años.
Mientras varias líneas de investigación perdieron impulso o fueron cerradas, algunas redes exhibidas en ese periodo conservaron capacidad institucional. Varios protagonistas continuaron en puestos de poder o fueron promovidos, y otros adquirieron influencia sobre la futura conformación del Poder Judicial.
Emilia Trabucco es psicóloga, Magíster en Seguridad; directora de NODAL y analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
Fuente: radiografica.org.ar (adaptado del texto publicado el 1° de septiembre de 2026).
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Manuel Suárez es un periodista de investigación especializado en política y sociedad argentina. Analiza decisiones gubernamentales y movimientos sociales para ofrecerte una visión clara de los temas nacionales. Su estilo factual te ayuda a comprender el impacto en tu vida diaria.