¡Impactante: cambios en la política migratoria que podrían dejar a miles sin documentos y sin acceso a derechos básicos! En los últimos meses, reformas decretadas por el Poder Ejecutivo modificaron los requisitos para obtener residencia en Argentina y dispararon alertas entre organizaciones, organismos internacionales y comunidades afectadas.
A continuación explicamos, de forma clara y ordenada, qué se modificó, cómo se siente en el día a día de las personas migrantes y qué preguntas le hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado argentino durante la audiencia pública.
Reformas clave y sus efectos inmediatos
Las modificaciones introducidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 366 implicaron un cambio profundo en los criterios para acceder a la residencia permanente y para renovar la temporaria. Entre las medidas más relevantes están:
– Exigir la acreditación de medios económicos suficientes, comprobables principalmente mediante trabajo registrado.
– Eliminar la vía de residencia permanente por ser progenitor o cónyuge de persona argentina.
– Mantener programas extraordinarios de naturalización orientados a grandes inversiones.
El impacto estadístico fue notable: desde la entrada en vigencia del DNU, las residencias permanentes otorgadas pasaron de alrededor de 24.000 a 8.000 por semestre. En la práctica, esto coloca barreras mucho mayores para quienes tienen menos recursos y para quienes forman parte de la economía informal.
Consecuencias sobre derechos básicos
Acceso a la salud
Las reformas implicaron restricciones al acceso gratuito al sistema público nacional de salud para quienes no cuentan con residencia permanente, salvo en casos de emergencia. Organizaciones registraron situaciones concretas, entre ellas:
– Interrupciones de tratamientos y estudios médicos.
– Solicitantes de asilo que no fueron atendidos.
– Mujeres embarazadas sin atención oportuna.
– Niñas, niños y adolescentes con atención sanitaria discontinua.
Trabajo y posibilidades de regularización
La exigencia de ingresos demostrables vía recibo de sueldo afecta especialmente a quienes trabajan en la economía popular y al comercio informal, pues muchas veces no pueden acreditar ingresos por medios formales. Sin documento nacional de identidad, los obstáculos para ingresar al empleo registrado y ejercer otros derechos se multiplican.
Reunificación familiar y asilo
Además de eliminarse la vía de residencia por parentesco con ciudadanos argentinos, se advirtieron endurecimientos en el acceso al asilo y la reducción de recursos frente a procedimientos de expulsión, lo que pone en mayor peligro la protección de personas que buscan refugio.
Control y estigmatización: relatos desde la calle
Organizaciones sociales han denunciado prácticas de control que afectan desproporcionadamente a personas con rasgos indígenas, afrodescendientes o con piel morena. Los señalamientos incluyen:
– Controles de identidad, requisas y demoras arbitrarias.
– Operativos conjuntos entre fuerzas federales y la Dirección Nacional de Migraciones dirigidos a espacios de comercio informal con alta presencia de vendedores migrantes.
– Un efecto disuasorio que lleva a muchas personas a no denunciar abusos laborales o violencia policial por temor a perder su residencia o ser expulsadas.
Las denuncias piden a la CIDH una visita al país y que inste al Estado a revertir las medidas regresivas, además de solicitar información sobre las evaluaciones previas realizadas antes de dictar el decreto.
Intervención de relatores internacionales
En la audiencia, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas migrantes, Gehad Madi, expresó serias preocupaciones por el conjunto de reformas. Entre los puntos que puso en foco mencionó:
– Endurecimiento del acceso al asilo.
– Eliminación o reducción de recursos frente a expulsiones.
– Restricciones a la reunificación familiar.
– Exigencia de solvencia económica para obtener residencia permanente.
– Barreras en el acceso a salud y educación.
– La transferencia de la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad.
Madi subrayó que las personas migrantes son titulares de derechos y no deben ser tratadas solo como riesgos a gestionar.
Preguntas y cuestionamientos de la CIDH al Estado argentino
Stuardo Ralón: soberanía y protección de derechos
El presidente de la CIDH, Stuardo Ralón, recordó que detrás de cada política migratoria hay familias y proyectos de vida. Entre las preguntas que formuló al Estado se encuentran:
– ¿Qué medidas se tomaron para evitar que las reformas produzcan discriminación o dificulte el ejercicio de derechos?
– ¿Existen procedimientos de regularización antes de ordenar una expulsión?
– ¿Qué acciones se implementan para afrontar demoras administrativas y las trabas para obtener documentación?
Ralón enfatizó que la soberanía estatal no debe confrontarse con la protección de los derechos humanos.
José Luis Caballero Ochoa: la salud como derecho incondicional
El comisionado centró su intervención en el derecho a la salud, recordando estándares interamericanos que prohíben negar atención médica por situación migratoria o falta de documento. Preguntó al Estado si las nuevas restricciones se ajustan a esos estándares y cuestionó el uso de un DNU para modificar la Ley de Migraciones de 2004, señalando la necesidad de mecanismos de control político y judicial sobre esa vía.
Gloria de Mees: expulsiones y discriminación racial
La comisionada puso el foco en las garantías tras una expulsión: ¿en qué circunstancias las personas cuentan con asistencia legal durante esos procedimientos? También preguntó sobre denuncias de discriminación racial por migrantes afrodescendientes y qué mecanismos existen para denunciar esos abusos. Finalmente, solicitó información sobre estudios o diagnósticos que justificaran la urgencia de modificar la política migratoria por decreto.
Demandas de la sociedad civil y voces escuchadas
Organizaciones y redes de migrantes reclamaron a la CIDH varias acciones concretas, como:
– Visita a la Argentina para verificar en terreno las consecuencias de las reformas.
– Requerir al Estado la reversión de medidas regresivas.
– Exigir la remisión de información sobre evaluaciones previas que motivaron el DNU.
– Que cese la difusión de contenidos oficiales inexactos y estigmatizantes sobre las personas migrantes.
En la audiencia también se recordó una idea central en la defensa de derechos: como afirmó Lourdes Rivadeneyra, defender los derechos de las personas migrantes es defender una sociedad más justa y solidaria. Migrar, trabajar y exigir respeto no son delitos; los derechos humanos no desaparecen al cruzar una frontera.
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Manuel Suárez es un periodista de investigación especializado en política y sociedad argentina. Analiza decisiones gubernamentales y movimientos sociales para ofrecerte una visión clara de los temas nacionales. Su estilo factual te ayuda a comprender el impacto en tu vida diaria.