¡Impactante decisión en el mundo científico argentino! La investigadora que coordinó el estudio SPRINT y denunció residuos de agroquímicos en personas y en el ambiente fue apartada del organismo público. La medida, que deja a la científica fuera del INTA y del empleo público, desató controversia y múltiples reclamos.
A continuación se detalla lo ocurrido, los cargos, las cifras involucradas y la secuencia de hechos que desembocaron en la separación definitiva.
Expulsión decretada por la máxima autoridad del INTA
El Consejo Directivo del INTA resolvió la exoneración de Virginia Carolina Aparicio mediante la resolución número 366, firmada este lunes. Se trata de la sanción disciplinaria más severa dentro del régimen de empleo público nacional, que implica la pérdida del cargo y la inhabilitación para continuar en el organismo.
La decisión se basa en lo analizado en la reunión del órgano rector del 27 de agosto, que puso fin al sumario administrativo iniciado en diciembre de 2023.
Motivos esgrimidos por la institución
Presunta utilización indebida de la función
El Consejo invocó el inciso e) del artículo 24 de la ley marco de empleo público, que prohíbe aprovechar las facultades del puesto para fines ajenos a la función. Según la resolución, Aparicio habría favorecido la participación y el acceso a datos de una persona identificada como José Luis Costa, a la que el organismo considera su conviviente.
El vínculo entre Aparicio y Costa se habría acreditado con declaraciones juradas del legajo que registran una unión de hecho desde septiembre de 2005. El expediente sostiene que Costa, pese a estar retirado del INTA y sin vínculo institucional vigente, figuró en la documentación entregada a voluntarios como habilitado para inspeccionar datos, incluso sin codificar.
Supuesto uso indebido de bienes y fondos públicos
La otra imputación clave es la referencia al inciso i) del mismo artículo 24, por el uso indebido del patrimonio estatal. El sumario se apoya en la operatoria financiera del convenio de subvención europeo asociada al proyecto SPRINT, que ingresó recursos a la contabilidad del INTA.
Plata y envíos al extranjero: números y operaciones
En la resolución aparecen cifras sobre ingresos, egresos y movimientos relacionados con el proyecto. El Consejo Directivo advierte que no se ha probado un perjuicio fiscal concreto, pero considera procedente la sanción por la utilización indebida de recursos.

- Ingresos anotados: 5.661.483,83 pesos
- Egresos anotados: 5.527.359,58 pesos
- Saldo consignado: 134.124,25 pesos
- Pago destacado: 1.688.445,82 pesos en julio de 2022 a World Courier por el envío de muestras a Países Bajos (unos 13.122,95 euros según la cotización del Banco Central en esa fecha)
La resolución sostiene que la decisión de centralizar los análisis en laboratorios del exterior fue “adoptada e impulsada por la sumariada Aparicio sin contar con la autorización institucional exigible”.
Cuestiones éticas y científicas en discusión
El INTA cuestiona también decisiones vinculadas al marco ético y al diseño del estudio. Señala que Aparicio habría reemplazado al comité de ética previsto en el acuerdo de subvención por el comité del Programa Temático Interdisciplinario en Bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata sin pasar por los órganos internos del INTA.

Además, el organismo encuentra inconsistencias entre el protocolo presentado inicialmente y la documentación posterior: mientras el protocolo contemplaba 72 participantes divididos en tres grupos de 24, una presentación de junio de 2023 consignó 20 productores, 28 vecinos y 25 consumidores.
Resultados del estudio y limitaciones señaladas
La resolución incluye referencias a resultados del propio proyecto SPRINT. Cita el entregable D2.4 (publicado el 28 de febrero de 2023), donde los autores informaron que, según las ingestas calculadas, ningún grupo superó la ingesta diaria admisible de referencia para glifosato y consideraron que esos niveles no deberían representar, bajo ese criterio, un riesgo potencial para la salud.
Al mismo tiempo, los investigadores advirtieron que los datos de salud disponibles no eran adecuados para realizar un análisis epidemiológico robusto, lo que el Consejo menciona como antecedente en la evaluación de los hallazgos.
Defensa de Aparicio y objeciones procesales
Aparicio cuestionó la validez del sumario, alegando nulidad, indefensión y trato discriminatorio. El Consejo Directivo rechazó esas pretensiones, indicando que no detectó faltas procesales y que se garantizó el derecho a la defensa con asistencia letrada durante el trámite.
También respondió al argumento de que Violette Geissen, coordinadora del consorcio, conocía y avalaba las decisiones operativas: para el organismo, la mera conformidad de una responsable del consorcio no sustituye las autorizaciones formales requeridas por las instancias del INTA.
Otras sanciones y pasos administrativos
El sumario no alcanzó únicamente a Aparicio: trece agentes fueron alcanzados por el proceso disciplinario con distintas resoluciones.
- Facundo Quiroz (director de la EEA Balcarce): suspensión de quince días
- Eduardo De Gerónimo: suspensión de veinticinco días
- Otros agentes: eximidos de sanción, entre ellos Horacio Berger
Además, la resolución ordena comunicar los hechos a la Oficina Anticorrupción “ante la eventual configuración de delitos de acción pública” y solicita a la Dirección Nacional un informe sobre la liquidación del acuerdo de subvención para evaluar la posible apertura de un procedimiento de responsabilidad patrimonial.
Antecedentes y una cronología resumida
- Mayo de 2020: el INTA aprueba su participación en SPRINT (financiado por Horizonte 2020 y coordinado por la Universidad de Wageningen).
- 15 de junio de 2023: el INTA ordena la suspensión de una reunión donde Aparicio iba a presentar los datos (calificada luego como diligencia preventiva).
- 7 de diciembre de 2023: el Consejo Directivo dispone la salida del proyecto (Resolución 1081) y ordena el sumario (Resolución 1082).
- 15 de octubre (posterior a las resoluciones): Aparicio expone, a título personal, los resultados en el Concejo Deliberante de Balcarce.
- Movimiento social y sindical: APINTA y ATE Conicet impulsan una campaña titulada “No a la exoneración de Virginia Aparicio”.
Comunicado institucional y reacciones públicas
El INTA difundió un comunicado titulado “Resolución del Consejo Directivo del INTA sobre el Proyecto SPRINT”, en el que no figura el nombre de la investigadora. En ese texto el organismo afirma su “compromiso con la evidencia confiable” y subraya la necesidad de respeto a los protocolos científicos, éticos y administrativos.
La institución anunció que la respuesta institucional será reforzar la ciencia mediante inversión en equipamiento y capacidad analítica para generar evidencia comprobable. En el ámbito público y en redes sociales, la expulsión generó críticas y mensajes de apoyo a la investigadora, que destacaron hallazgos como la detección de agroquímicos en un alto porcentaje de muestras humanas y ambientales.
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Manuel Suárez es un periodista de investigación especializado en política y sociedad argentina. Analiza decisiones gubernamentales y movimientos sociales para ofrecerte una visión clara de los temas nacionales. Su estilo factual te ayuda a comprender el impacto en tu vida diaria.