Un fallo judicial que sorprende y enciende alarmas: la Justicia federal decidió exonerar a exdirigentes de los servicios de inteligencia en una causa que investigaba la vigilancia sobre periodistas, académicos, activistas y organizaciones sociales durante dos cumbres internacionales. La resolución plantea dudas sobre hasta dónde puede llegar el argumento de “seguridad” para justificar la recopilación de información sensible.
A continuación se explican los hechos, las razones esgrimidas por el juzgado, los antecedentes que influyen en la decisión y los pasos procesales a seguir.
La resolución y los imputados: qué resolvió el juzgado
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8 sobreseyó a Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Martín Coste y Carlos Tonelli Banfi en la investigación que buscaba determinar si la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizó tareas de inteligencia ilegal en el marco de la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 y la cumbre del G20 de 2018. La causa había comenzado tras un hallazgo ocurrido en 2020, cuando se detectaron cientos de fichas con datos personales en dependencias de la AFI.
El magistrado a cargo consideró que las actividades desplegadas por la agencia respondieron a razones vinculadas con la seguridad de esos eventos internacionales y, por ende, no constituyeron una vulneración a la Ley de Inteligencia. Según el fallo, la información no habría sido recopilada por el mero ejercicio de opiniones políticas ni por la pertenencia a partidos, gremios u organizaciones sociales.
Lo que se encontró dentro de la AFI
Entre los documentos y registros localizados en 2020 había numerosos datos que describían perfiles de personas potencialmente vinculadas a las cumbres. Entre ellos:
– Opiniones públicas y privadas.
– Publicaciones y actividad en redes sociales.
– Pertenencia o relación con organizaciones sociales, políticas o sindicales.
– Vínculos personales y laborales.
– Otros datos identificatorios y de seguimiento.
Estos registros fueron el punto de partida para la investigación, que intentó establecer si la sistematización de esos datos constituía inteligencia ilegal sobre la actividad política y social de ciudadanos.
Cómo justificó el juez la recopilación
Argumento de seguridad
El fallo pone el acento en las necesidades de seguridad que rodean la organización de eventos internacionales de alto perfil. Para el magistrado, la protección y prevención frente a riesgos asociados a las cumbres justificaría la recolección de ciertas informaciones por parte del organismo de inteligencia.
Interpretación de la ley
Además, el juzgado interpretó que la información relevada no tuvo como fin principal la persecución por ideas o la vigilancia política, por lo que no se habría incurrido en la prohibición contenida en la normativa sobre inteligencia.
Decisiones anteriores que forman parte del mismo hilo
La resolución se suma a otros fallos recientes que terminaron cerrando causas relacionadas con prácticas cuestionables de inteligencia. En 2025 la Corte Suprema confirmó el sobreseimiento de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa por seguimientos a familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Ese criterio judicial fue invocado posteriormente por la fiscalía en junio de este año para pedir el sobreseimiento de Arribas y otras 27 personas en la causa denominada Proyecto AMBA, que investigaba el despliegue de bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires.
La acumulación de fallos con interpretaciones similares ha generado preocupación por un estándar jurisprudencial que amplía las facultades atribuidas a los servicios de inteligencia bajo la bandera de la seguridad.
Los pasos procesales y la postura pública
Ante esta resolución, la parte querellante anunció que presentará apelación. Se sostiene la necesidad de que estas prácticas sean investigadas a fondo, que se determinen responsabilidades cuando corresponda y que se reafirme la prohibición de utilizar estructuras de inteligencia para vigilar la participación política, social o periodística de las personas.
La cuestión sigue en manos del sistema judicial y orientará debates futuros sobre los límites entre seguridad estatal y garantías democráticas.
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Manuel Suárez es un periodista de investigación especializado en política y sociedad argentina. Analiza decisiones gubernamentales y movimientos sociales para ofrecerte una visión clara de los temas nacionales. Su estilo factual te ayuda a comprender el impacto en tu vida diaria.