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Por : Manuel Suárez

Juicio Daiana Abregú: Exigen condena para la policía acusada.

Un caso que conmociona: La muerte de Daiana Abregú y el juicio a una agente policial

En un suceso que ha capturado la atención de la opinión pública y generado un intenso debate sobre la responsabilidad y el rol de las fuerzas de seguridad, el destino de Vanesa Soledad Núñez, una agente de policía, se encuentra en manos del Juzgado Correccional N.1 de Azul. Núñez, quien tenía la responsabilidad de custodiar los calabozos durante la fatídica noche en que Daiana Abregú fue encontrada sin vida, enfrenta graves acusaciones por su supuesta negligencia.

Los detalles del juicio

El proceso judicial contra Núñez se ha desarrollado en medio de circunstancias controvertidas y con la participación de múltiples actores que exigen justicia y claridad. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), actuando como Particular Damnificado Institucional en su papel de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, ha tomado un rol activo en el caso. La CPM ha exigido un cambio en la calificación legal del caso, argumentando que la inacción de Núñez constituye un homicidio culposo, solicitando para ella una condena de cinco años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Intervenciones y alegatos

Durante la jornada del 25 de marzo, se llevaron a cabo los alegatos finales, momento en el cual las partes presentaron sus argumentos y solicitudes ante el tribunal:
– La CPM pidió una pena severa para Núñez, subrayando la necesidad de una condena que refleje la gravedad del abandono de responsabilidades.
– El fiscal José Ignacio Calonje, quien ha sido criticado por su manejo inicial de la investigación, solicitó solo un año de prisión condicional por incumplimiento de los deberes de funcionario público para Núñez.
– Sergio Roldán, representante legal de la familia Abregú, coincidió con la petición del fiscal, generando discrepancias con la familia que esperaba una postura más firme.

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Contexto y complicaciones del caso

Inicialmente, cinco policías fueron implicados en el caso por el delito de homicidio agravado. Sin embargo, tras el primer año de investigaciones, cuatro de ellos fueron exonerados, dejando a Núñez como la única acusada. Este hecho resalta la complejidad y los desafíos en la administración de justicia, especialmente considerando las irregularidades y demoras que han caracterizado el proceso, incluyendo amenazas a los familiares de la víctima y la realización de diligencias por la misma fuerza implicada en el caso.

La frase “Ninguna persona debe morir en una comisaría”, pronunciada por la CPM, encapsula la crítica situación y la necesidad urgente de revisar y rectificar las prácticas dentro de las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos.

La resolución de este caso, que se espera para el 1 de abril, no solo determinará el futuro de Vanesa Soledad Núñez, sino que también podría sentar un precedente importante en cuanto al trato y la seguridad de las personas bajo custodia policial en Argentina.

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