¡Sesión de alto voltaje y resultado inesperado en Diputados! En una jugada que cambió el mapa político, la Cámara baja aprobó por la mínima la nueva norma sobre la inviolabilidad de la propiedad privada y, al mismo tiempo, blindó partes clave de un decreto presidencial que había generado un fuerte rechazo. Las abstenciones terminaron siendo determinantes.
Lo aprobado no solo condiciona el debate sobre expropiaciones y desalojos: también reafirma la vigencia de la ley de Tierras y elimina un artículo del DNU 70/2023, lo que complica cualquier cambio posterior en el Senado.
El veredicto en números y su alcance
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones. Esas abstenciones fueron decisivas para que el texto avanzara.
En particular, los capítulos 38 a 40 del paquete -que contienen la ratificación de la ley de Tierras- se votaron con 239 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones. Al superar el umbral de dos tercios, esas partes quedan protegidas frente a modificaciones por parte del Senado.
Cómo se llegó a esta sesión clave
La aprobación fue el fruto de una maniobra política del oficialismo y sus aliados: La Libertad Avanza reintrodujo el proyecto de inviolabilidad para asegurar la protección del mega decreto desregulador del presidente. Ese DNU 70/2023 había estado al borde del rechazo en una votación previa impulsada por la oposición más dura.
El texto que llegó a Diputados venía con cambios desde el Senado: se retiró un artículo que dejaba sin efecto la ley de Tierras (sancionada en 2011). En comisiones, el oficialismo aceptó incorporar además la eliminación del artículo 154 del DNU 70/2023 y la reafirmación de la norma de 2011.
Quiénes se abstuvieron y por qué importó
Las seis abstenciones jugaron un rol determinante. Entre quienes no tomaron postura estuvieron legisladores de Provincias Unidas (bloque cordobés) y un diputado del PRO:
– Juan Schiaretti (Provincias Unidas, Córdoba)
– Alejandra Torres (Provincias Unidas, Córdoba)
– Carolina Basualdo (Provincias Unidas, Córdoba)
– Ignacio García Aresca (Provincias Unidas, Córdoba)
– Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas, Córdoba)
– Álvaro González (PRO)
Su decisión permitió alcanzar la media sanción y el blindaje parcial del DNU frente al Senado.
Intervenciones y posiciones en el recinto
Defensa del oficialismo
Santiago Santurio (La Libertad Avanza) defendió la iniciativa argumentando que el Estado no puede apropiarse arbitrariamente de bienes privados y subrayó que proteger la propiedad privada garantiza que el fruto del trabajo de cada persona no sea arrebatado por delincuentes o funcionarios.
Críticas desde la oposición
Diego Giuliano (Unión por la Patria) reprochó al oficialismo por “volver a la ley del peronismo”, en referencia a la ratificación de la ley de Tierras de 2011. Otro orador del Frente Renovador cuestionó la coherencia del proyecto respecto a la función social de la vivienda y relativizó la mirada ideológica de la propuesta.
Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) aseguró que el oficialismo retrocede en su postura al proponer dejar sin efecto un artículo del DNU 70/2023 que, según él, resultaba inconstitucional.
Aportes técnicos y demandas puntuales
Martín Lousteau (Provincias Unidas) señaló que el proyecto encarece las expropiaciones y acorta plazos para responder demandas por desalojo. Además pidió la derogación del DNU 366/25, que permite la adquisición de ciudadanía por 350.000 dólares y habilita a extranjeros a comprar tierras por fuera de los límites establecidos por la ley de Tierras.
Por otro lado, la polémica en torno al texto y la movilización social que generó en los alrededores del Congreso terminaron en enfrentamientos y una fuerte presencia policial. Como consecuencia política, el ministro y autor del proyecto, Federico Sturzenegger, fue marginado del protagonismo público en la discusión.
Contenido central del proyecto: punto por punto
En comisiones, además de la eliminación del artículo 154 del DNU 70/2023 y la reafirmación de la ley de Tierras, el texto incorpora varias modificaciones legales que buscan endurecer criterios sobre expropiaciones y agilizar procesos de desalojo. Entre los principales puntos están:
– Expropiaciones:
– La declaración de utilidad pública será interpretada de manera restrictiva.
– Deberá identificarse de forma específica y concreta el fin perseguido.
– La expropiación debe ser idónea, necesaria y proporcional.
– Tope de lucro cesante: máximo 30% del valor del daño emergente.
– Acceso a títulos por ocupación (modificación a la ley Pierri, 24.374):
– Quienes ocupen un inmueble de forma pacífica, ostensible y continua por diez años podrán iniciar el trámite para obtener título de propiedad.
– Cambios en procedimientos civiles y comerciales:
– Alteración del artículo 679 del Código Procesal Civil y Comercial para que los desalojos se sustancien por el juicio sumarísimo, un procedimiento más expedito que el juicio sumario vigente.
– Inclusión en el artículo 1222 del Código Civil y Comercial: ante falta de pago, el locador dispone de diez días corridos para recibir la cancelación; si el locatario no cumple, el propietario puede iniciar la acción de desalojo por el procedimiento más breve que la ley prevea.
– Modernización registral:
– Creación de un Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble en la ley 17.801.
– Promoción de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria: un portal web que permita a ciudadanos y profesionales solicitar, pagar tasas y obtener informes, certificados y copias expedidas por cualquier registro del país.
El contexto político y la estrategia detrás del blindaje
La inclusión de la ratificación de la ley de Tierras y la eliminación del artículo 154 fue parte de una estrategia deliberada para proteger la integridad del DNU 70/2023, calificado por voces opositoras como una reforma constitucional encubierta debido a su alcance desregulador. La maniobra legislativa buscó evitar que el Senado pudiera modificar elementos centrales al alcanzar el quórum de dos tercios en capítulos claves.
La discusión también sacó a la escena pública a sectores sociales y provocó manifestaciones en las inmediaciones del Congreso, que derivaron en intervención de fuerzas de seguridad y una alta tensión política durante la jornada.
(Fuente original: cobertura periodística sobre la media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la ratificación de la ley de Tierras)
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Manuel Suárez es un periodista de investigación especializado en política y sociedad argentina. Analiza decisiones gubernamentales y movimientos sociales para ofrecerte una visión clara de los temas nacionales. Su estilo factual te ayuda a comprender el impacto en tu vida diaria.