¿Se está gestando una nueva ofensiva internacional contra la “izquierda terrorista”? Una cumbre organizada por Estados Unidos y Alemania promete reunir a aliados para trazar estrategias de persecución y coordinación de inteligencia, mientras en Argentina crecen las polémicas por la participación oficial y las consecuencias domésticas de esa agenda.
A continuación, un repaso detallado de qué se prepara, quiénes participan y cómo impacta en la política y la seguridad internas.
La cumbre prevista en noviembre: qué se sabe y quién la impulsa
El Departamento de Estado confirmó que, junto con el gobierno alemán, organizará una nueva reunión internacional sobre “contraterrorismo” enfocada en movimientos de izquierda. Fuentes oficiales indicaron que el encuentro tendrá lugar en noviembre y que todavía no se fijó la fecha exacta; es probable que se celebre después del 3 de noviembre, fecha de las elecciones de medio término en Estados Unidos.
Meses atrás, la primera edición de este tipo se realizó en Washington el 16 de julio bajo el liderazgo de Marco Rubio, con delegaciones de más de 60 países. Las autoridades estadounidenses describieron aquel foro como la conformación de una “coalición” destinada a enfrentar el resurgimiento del terrorismo político, evocando coordinaciones de décadas pasadas como modelo operativo.

La participación argentina y sus representantes
Argentina estuvo presente en la cita de julio: el gobierno de Javier Milei envió a dos funcionarios de alto rango. La delegación oficial incluyó a Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, y a José Lago Rodríguez, segundo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según trascendidos, Quirno fue uno de los oradores del encuentro en Washington, aunque su intervención no fue difundida públicamente por la cancillería argentina.
Algunos detalles sobre esa participación:
– Agustín Rossi (diputado nacional) solicitó la difusión del discurso de Quirno, pero la respuesta oficial alegó que la materia estaba clasificada.
– La canciller de Georgia, Maka Botchorishvili, sí publicó su alocución y agradeció a Marco Rubio por impulsar el tema en la agenda internacional.
– Desde la SIDE se advirtió al Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) que la información vinculada con la cumbre estaba protegida por secreto de seguridad, por temor a comprometer al Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), según denunció el partido.

Discursos, comparaciones históricas y la referencia al pasado
En la apertura de la conferencia de julio, el responsable del Departamento de Estado trazó paralelos con experiencias de los años setenta, mencionando grupos como Montoneros y Tupamaros como ejemplos de las organizaciones que, a su juicio, motivan la acción coordinada. Rubio defendió la idea de que la eficacia de la iniciativa reside en la cooperación estrecha entre fuerzas de seguridad y el intercambio de inteligencia: una fórmula que recuerda a las prácticas del Plan Cóndor.
Reacciones, transparencia y disputas internas
En Argentina se generaron tensiones por la falta de acceso a información. La SIDE respondió al pedido de acceso del FIT argumentando que la documentación estaba clasificada. En contraste, otros países participantes hicieron públicas sus intervenciones, lo que reavivó el reclamo por mayor transparencia.
Un aporte institucional que complica el cuadro interno: la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), dependiente de la Procuración General, informó la existencia de 92 causas abiertas por delitos vinculables al extremismo político según tipos penales afines. Al mismo tiempo, algunas fiscalías alineadas con la postura oficial han utilizado esas figuras penales contra manifestantes en protestas contra medidas del gobierno.
Conexiones con agencias estadounidenses y los intercambios recientes
La coordinación con agencias de EE. UU. es un eje clave para el gobierno argentino. El Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), presentado como una iniciativa en colaboración con el FBI, fue destacado por las autoridades como pionero en la región. El 7 de octubre, el FBI publicó en sus redes que una delegación argentina realizaría un intercambio estratégico sobre contraterrorismo; en una publicación previa desde Miami se detalló que la comitiva incluía a diez funcionarios de ministerios y organismos como Seguridad, SIDE, Justicia y el Ministerio Público Fiscal.
A su vez, la Casa Rosada informó sobre una llamada telefónica entre Rubio y Milei en la que se habría planteado, entre otros temas, la promoción de “seguridad compartida en todo el hemisferio”. Como parte de esos contactos, dos enviados del Departamento de Estado —Christopher Landau (número dos de Rubio) y Juan Pablo Segura (subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental)— estaban previstos en Buenos Aires entre el 19 y el 26 de octubre.
Operativos judiciales y medidas internas
En paralelo con la agenda internacional, se registraron movimientos en la escena local que ilustran la impronta de la estrategia antiterrorista. Mientras se reprimía una marcha que exigía la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU), el Presidente participó en un acto en la embajada argentina en Washington donde habló de una “alianza entre la izquierda radical y el terrorismo islamita”.
Al día siguiente, en los tribunales de Comodoro Py, aparecieron alrededor de quince denuncias presentadas por la División de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal Argentina (PFA). Fuentes judiciales señalaron que esas presentaciones, en su mayoría, se basan en relevamientos en redes sociales del Buró Federal de Investigaciones (FBI), y no parecerían estar relacionadas directamente con operativos de ciberpatrullaje vinculados a la citada marcha.
Declaraciones oficiales y cifras controvertidas
En reiteradas ocasiones el Presidente ha recuperado la retórica antiterrorista. Semanas atrás afirmó haber expulsado del país a 30.000 “terroristas”, una cifra que no cuenta con respaldo en datos públicos verificables. Observadores y fuentes judiciales estiman que es probable que se esté mezclando la migración irregular o delitos comunes con la etiqueta de terrorismo, una estrategia retórica que en otros contextos ha servido para justificar deportaciones masivas.
Cuando los responsables de la SIDE comparecieron ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) a fines de agosto, Lago Rodríguez reconoció que la agencia no tenía una hipótesis definida sobre un “extremismo de izquierda” como la que promueve la iniciativa impulsada por Rubio ni la que se menciona en algunas declaraciones oficiales.
La reforma legal anunciada y sus implicaciones prácticas
Dentro del proyecto denominado “Defensa de la Soberanía Nacional” el gobierno incorporó un capítulo relativo al terrorismo. Ese paquete utiliza la causa Malvinas como punto de apoyo para impulsar una reforma amplia del sistema de inteligencia, defensa y seguridad interior. Entre las medidas propuestas figura la creación, mediante ley, del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) —un registro que ya funciona desde la gestión anterior.
Aspectos centrales del proyecto y sus efectos:
– Creación del RePET por vía legal, con alcance ampliado y formalizado.
– Transferencia de la gestión del RePET a la Unidad de Información Financiera (UIF).
– Mayor alineamiento con estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que históricamente impulsó la adopción de normativa antiterrorista en la región.
Casos concretos: impacto sobre comunidades y advertencias internacionales
Un año atrás, el Estado incluyó a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu en el RePET. Esa incorporación produjo consecuencias severas para los habitantes: se bloquearon billeteras virtuales, se suspendieron cobros de Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y se perdieron pensiones por discapacidad. Relatores de Naciones Unidas expresaron su preocupación por la arbitrariedad en el manejo del registro y cuestionaron cómo se aplican las medidas.
El proyecto en debate no parece corregir esas prácticas; más bien, el principal cambio formal es el traslado del control al organismo que mantiene contacto directo con los mecanismos internacionales de supervisión financiera. En la práctica, especialistas advierten que esa centralización podría consolidar criterios que faciliten sanciones económicas y administrativas sobre personas y organizaciones sin las suficientes garantías procesales.
Quiénes están involucrados y qué papel cumplen
Participantes y actores principales mencionados en la agenda:
– Marco Rubio y el Departamento de Estado (Estados Unidos): impulsores de la iniciativa global.
– Gobierno de Alemania: coorganizador de la cumbre prevista en noviembre.
– Delegación argentina: Pablo Quirno (canciller) y José Lago Rodríguez (SIDE).
– Agentes y unidades nacionales: PFA, División de Investigaciones Antiterroristas, Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), UIF.
– Agencias estadounidenses: FBI (colaboración e intercambio de información).
– Organismos y actores observadores: Procuración General (SAIT), fiscales como Carlos Stornelli, diputados y fuerzas políticas (FIT, Die Linke), relatorías de Naciones Unidas, GAFI.
Fuente: publicación original en Página/12 (https://www.pagina12.com.ar/2026/10/17/plan-condor-ii-trump-prepara-otra-cumbre-para-coordinar-la-persecucion-de-la-izquierda/)
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Manuel Suárez es un periodista de investigación especializado en política y sociedad argentina. Analiza decisiones gubernamentales y movimientos sociales para ofrecerte una visión clara de los temas nacionales. Su estilo factual te ayuda a comprender el impacto en tu vida diaria.