¡Alarma en el sistema penitenciario! Traslados masivos desde Devoto hacia Marcos Paz dejaron a cientos de detenidos fuera del radar de jueces, defensorías y familiares —y ahora los organismos que deben controlar las condiciones son bloqueados para entrar. ¿Qué pasó, qué leyes están en juego y quiénes exigen explicaciones?
A pocos días de haberse completado el movimiento, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura se encontraron con la puerta cerrada. La Comisión Provincial por la Memoria reclama ingreso inmediato y destaca el carácter legal de esa supervisión.
Traslados sin aviso: cómo se desarrollaron los hechos
Varios centenares de personas privadas de la libertad fueron trasladadas desde la cárcel de Devoto (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) al nuevo Complejo Federal VIII en Marcos Paz (Provincia de Buenos Aires). Las autoridades penitenciarias no informaron con antelación a las autoridades judiciales ni a las defensas, como establecen los protocolos vigentes que exigen notificación 72 horas antes.
El traslado se ordenó sin cumplir esos procedimientos y, además, se hizo sin que los familiares supieran el destino de las personas detenidas. La falta de aviso afectó la comunicación con jueces y defensores y dificultó el acceso a derechos básicos.

Bloqueo a los mecanismos de control
Quiénes intentaron ingresar y con qué objetivo
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) —órgano creado por la Ley 25.875— y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT), que dirige el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, intentaron ingresar al Complejo Federal de Marcos Paz para:
– recorrer instalaciones,
– entrevistar de forma confidencial a las personas detenidas,
– verificar condiciones de detención y el acceso a bienes y servicios.
La normativa que los respalda
La legislación nacional (Ley 26.827) que creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura reconoce el acceso irrestricto de estos mecanismos a lugares de encierro. Además, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) —con jerarquía constitucional en Argentina— obliga a garantizar la independencia funcional, el acceso efectivo y la posibilidad de entrevistas confidenciales y revisión de información relacionada con las personas privadas de libertad.
A pesar de ese marco legal, las autoridades penitenciarias impidieron el ingreso de la PPN y del CNPT, contraviniendo las previsiones señaladas.
Impactos concretos sobre las personas detenidas
Los traslados y el rechazo al control externo tuvieron consecuencias directas y variadas sobre la población carcelaria. Entre los efectos más relevantes se encuentran:
– ruptura de vínculos familiares por la distancia y la falta de información,
– dificultades para recibir alimentos, medicamentos y artículos de higiene,
– empeoramiento de condiciones materiales de vida dentro del encierro,
– interrupción de trayectos educativos: estudiantes del Centro Universitario Devoto fueron trasladados antes de finalizar el año lectivo, afectando su formación.
Estas afectaciones no son meramente administrativas: las visitas y la posibilidad de recibir provisiones desde el entorno familiar constituyen elementos esenciales para la salud física y emocional de las personas privadas de libertad.

Acciones judiciales, presiones políticas y demoras
Ante los traslados, la Procuración Penitenciaria inició medidas administrativas y judiciales para garantizar derechos. Ese accionar motivó críticas públicas de la senadora Patricia Bullrich hacia el órgano y su titular, Ariel Cejas Meliare, incluyendo un pedido de informes.
La PPN y el CNPT debieron acudir a la justicia para que se les permitiera el ingreso al complejo federal. Aunque obtuvieron una resolución favorable en el trámite, los obstáculos procesales y administrativos postergaron su acceso efectivo, y por lo tanto la posibilidad de entrevistar a las personas afectadas aún no se concretó a varios días del traslado.
La voz de la Comisión Provincial por la Memoria y su pedido
Como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura e integrante del Sistema Nacional, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) difundió una declaración pública exigiendo que se permita el ingreso inmediato de la PPN y del CNPT al nuevo complejo de Marcos Paz. El pedido incluye la solicitud de recorrer todas las dependencias y la realización de entrevistas confidenciales con las personas detenidas, en cumplimiento de los mandatos legales pertinentes.
Miembros e integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria:
– Adolfo Pérez Esquivel
– Dora Barrancos
– Ana Barletta
– Víctor de Gennaro
– Roberto Cipriano García
– Elsa Pavón
– María Sonderéguer
– Víctor Mendibil
– Ana Soffiantini
– Ernesto Alonso
– Guillermo Torremare
– Gonzalo Conte
– Miguel “Pancho” Velo
– Peter Rochon
– Alcira Daroqui
– Celia “Lili” Galeano
Directora general: Sandra Raggio.
Documentos y fuentes
El caso fue difundido por la Agencia CPM y recoge elementos institucionales y legales: la Ley de creación de la Procuración Penitenciaria (N° 25.875), la Ley Nacional que regula el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura (N° 26.827) y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), con jerarquía constitucional. La información original está disponible en el siguiente enlace: https://www.andaragencia.org/ataque-a-la-procuracion-penitenciaria-de-la-nacion-y-al-comite-nacional-de-prevencion-de-la-tortura/
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Manuel Suárez es un periodista de investigación especializado en política y sociedad argentina. Analiza decisiones gubernamentales y movimientos sociales para ofrecerte una visión clara de los temas nacionales. Su estilo factual te ayuda a comprender el impacto en tu vida diaria.