¿Has escuchado sobre las políticas de seguridad que podrían estar exacerbando la violencia en lugar de contenerla? Recientemente, la Comisión Provincial por la Memoria ha hecho fuertes declaraciones respecto a las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de ultraderecha de Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Alegan que dichas políticas no solo son ineficaces sino que también están contribuyendo a un aumento en la violencia y en las muertes, incluyendo la trágica de un niño de 7 años.
Un desafortunado incidente que enciende la polémica
La controversia surge alrededor de un incidente desgarrador donde un niño de 7 años, Thiago Correa, perdió la vida. La tragedia ocurrió cuando un agente de la Policía Federal, Facundo Aguilar, disparó al menos 11 veces en un área densamente poblada mientras intentaba repeler un supuesto intento de robo por parte de cuatro jóvenes. El resultado fue fatal, no solo para uno de los presuntos atacantes, sino también para Thiago, quien se encontraba con su padre en una parada de colectivo.
Reacciones y críticas a las políticas de seguridad
Este caso ha generado una reacción en cadena desde varios sectores de la sociedad, especialmente desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que ha criticado duramente las acciones del agente y la postura del Ministerio de Seguridad. Según la CPM, el cambio en los protocolos de uso de armas de fuego por parte de los agentes federales, promovido por la ministra Bullrich a través de la resolución 125 del 2024, ha facilitado un uso más liberal y menos regulado de la fuerza letal.
Estos nuevos criterios permiten, por ejemplo, disparar bajo la presunción de peligro por la simple fuga de una persona armada, eliminando la obligación de dar voz de alto, lo que va en contra de las normativas internacionales de derechos humanos reconocidas por el país.
El impacto de las políticas en las estadísticas de violencia
La CPM ha proporcionado datos alarmantes que reflejan el impacto de estas políticas en la sociedad. Entre 2016 y 2024, se han registrado 1.106 muertes en la provincia de Buenos Aires, de las cuales el 50% ocurrieron en circunstancias relacionadas con supuestos robos a los propios agentes. Más preocupante aún es que de estas muertes, 179 involucraron a niños y jóvenes menores de 18 años, incluidos 13 menores de 10 años.
- El 11.4% de las muertes ocurrieron mientras se intentaba prevenir robos a terceros.
- Solo el 0.5% de los casos fue para proteger la vida de otra persona.
- En muchos incidentes, no se encontraron armas con los agresores o las armas encontradas eran inoperantes o de utilería.
Recomendaciones y llamados a la acción
Ante esta situación, la CPM ha instado al Estado Nacional a ofrecer disculpas a las familias de las víctimas y a tomar medidas concretas para evitar la impunidad y la protección corporativa de los agentes implicados en estos actos. Además, han recomendado una revisión profunda de los criterios para el uso de armas de fuego y una política de seguridad que realmente proteja a la población en lugar de ponerla en mayor riesgo.
La CPM también ha señalado la necesidad de detener el “estado policial” que obliga a los agentes a portar armas y actuar las 24 horas del día, sugiriendo que se adopten prácticas de otros países donde los agentes dejan sus armas en el trabajo, lo que ha resultado en menores índices de letalidad policial.
En conclusión, los eventos recientes y las estadísticas revelan un panorama preocupante sobre el uso de la fuerza policial y las políticas de seguridad vigentes, que lejos de resolver los problemas de inseguridad, parecen agravar la violencia y contribuir a un número creciente de muertes evitables.
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Manuel Suárez es un periodista de investigación especializado en política y sociedad argentina. Analiza decisiones gubernamentales y movimientos sociales para ofrecerte una visión clara de los temas nacionales. Su estilo factual te ayuda a comprender el impacto en tu vida diaria.