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Por : Manuel Suárez

Fentanilo contaminado: ANMAT no basta, ¿quién pagará por el fallo?

¿Quién dejó pasar la alerta que terminó con decenas de personas muertas y un país buscando respuestas? Lo que había comenzado como sospechas sobre lotes contaminados de fentanilo terminó identificando fallas administrativas y políticas que exigen mayor escrutinio.

Detención judicial del caso: medidas y números clave

La Justicia federal avanzó con el procesamiento de Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). El juez Ernesto Kreplak las imputó como partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales, sin imponerles prisión preventiva. A cada una se le trabó un embargo por 500.000.000.000 de pesos.

Entre los elementos objetivos que figuran en la causa están las cifras de las personas afectadas:
– 134 víctimas relacionadas con los hechos investigados.
– 90 personas fallecidas.
– 2 personas con lesiones gravísimas.
– 41 con lesiones graves.
– 1 con lesiones leves.

La resolución judicial subraya que esta decisión no equivale a una condena definitiva, pero sí coloca bajo la lupa tanto a quienes elaboraron y comercializaron el fármaco contaminado como a quienes tenían la función estatal de impedir que llegara al mercado.

Carpeta judicial y martillo de juez sobre una mesa
Procesamiento y medidas judiciales en la causa contra exfuncionarias.

Cómo se produjo el fallo de los controles

Advertencias técnicas que no alcanzaron a frenar la producción

Los peritajes y el expediente muestran que los equipos técnicos detectaron incumplimientos graves en Laboratorios Ramallo. Las notas internas y las evaluaciones señalaban problemas suficientes como para impedir la fabricación, pero la carta inhibitoria que debía frenar la producción se emitió semanas después de estar preparada.

Falta de firma y paralización administrativa

En el caso de HLB Pharma, la advertencia que debía impedir la salida del lote contaminado nunca llegó a concretarse porque, según la causa, no fue firmada. Además, se concluye que la directora de INAME dejó paralizado durante más de cuatro meses el proyecto que afectaba a esa empresa. El expediente también registra reuniones informales entre autoridades y representantes de los laboratorios bajo control, lo que el juez interpreta como una gestión deficiente de las medidas de fiscalización. Cuando la ANMAT finalmente prohibió el uso del lote afectado y ordenó inhibiciones en mayo de 2025, el daño ya estaba hecho.

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Edificio gubernamental y documentos de supervisión sobre una mesa
La responsabilidad estatal y las decisiones administrativas en la mira.

No solo los laboratorios: la responsabilidad del Estado

Durante semanas gran parte del debate público se centró en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, y en efecto esos empresarios deben rendir cuentas. Sin embargo, la causa revela que los organismos regulatorios no actuaron con la diligencia suficiente y que su omisión tuvo consecuencias fatales. La ANMAT, aunque es un organismo con cierta descentralización, funciona en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación y su misión es precisamente proteger a la población de productos inseguros.

La existencia de comunicación fluida entre la conducción de la ANMAT y el Ministerio, documentada en la resolución, impide considerar la autonomía técnica como excusa para la inacción. Cuando hay intercambios constantes de información, no puede haber compartimentos estancos que diluyan responsabilidades.

El Ministerio en la mira y las preguntas abiertas

¿Qué sabía el ministro y qué ordenó?

El fallo sostiene que la conducción de la ANMAT actuó en muchos casos como una “polea de transmisión” respecto de decisiones políticas provenientes del Ministerio de Salud y, a la vez, como canal de información hacia ese mismo ministerio. En ese marco, el juez afirma que el ministro Mario Lugones tenía conocimiento de aspectos relevantes relacionados con los laboratorios investigados. Eso plantea interrogantes que la investigación debe responder.

Entre las preguntas que surgen, y que deben ser aclaradas por la Justicia, se hallan:
– ¿Qué medidas concretas adoptó el Ministerio para garantizar el cierre efectivo de los establecimientos con incumplimientos?
– ¿Cómo controló el cumplimiento de las instrucciones impartidas?
– Si la información circulaba entre ANMAT y el Ministerio, ¿por qué las alertas técnicas no se tradujeron a tiempo en decisiones efectivas?
– ¿Quién supervisó que las órdenes se ejecutaran realmente?

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Estas preguntas no buscan instrumentalizar el caso políticamente; son las que cualquier sistema sanitario serio tiene el deber de responder frente a muertes vinculadas a un medicamento adulterado.

La fuerza de las familias en la búsqueda de justicia

La investigación no habría avanzado sin la presión constante de las familias de las víctimas. Fueron ellas quienes impulsaron denuncias, exigieron acceso a historias clínicas y documentación, llevaron el caso al Congreso y participaron en audiencias públicas en la Cámara de Diputados. Su reclamo público y sostenido mantuvo la causa viva y permitió que la tragedia no quedara reducida a un trámite administrativo.

Ese rol activo de las familias fue decisivo para que la causa llegara a identificar fallas graves en el control estatal y para que la investigación no quedara circunscripta únicamente a las responsabilidades empresariales.

Reclamos institucionales y pasos que exige Fesprosa

Desde Fesprosa se plantea que el procesamiento de las exfuncionarias es un avance, pero insuficiente si la investigación se cierra ahí. La organización sostiene que:
– La indagación debe seguir hasta reconstruir la cadena completa de mando, decisiones e información.
– Si las pruebas lo justifican, el ministro Mario Lugones debe ser investigado y procesado.
– Además, Fesprosa exige que el titular del Ministerio de Salud presente su renuncia, dado que bajo su conducción ocurrió esta tragedia y persisten dudas sobre su nivel de conocimiento y actuación.
– Es necesario reconocer la importancia de los organismos reguladores: debilitarlos o demorar sus alertas puede ocasionar daños irreparables.

María Fernanda Boriotti es Presidenta de Fesprosa

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