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Por : Manuel Suárez

Milei recorta fondos a la vivienda social: ¿Qué pasará con los más necesitados?

¿Sabías que las decisiones políticas pueden tener un impacto directo en tu posibilidad de acceder a una vivienda? Recientemente, el gobierno de Javier Milei tomó medidas que podrían complicar aún más la ya delicada situación habitacional en Argentina. Entre las decisiones más controversiales se encuentra la eliminación del plan PROCREAR y la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), dos pilares fundamentales para la construcción de viviendas sociales en el país. A continuación, te contamos cómo estas medidas afectan directamente a miles de familias argentinas y qué implicaciones podrían tener para el futuro.

El fin de PROCREAR y sus consecuencias

En noviembre de 2024, un decreto presidencial puso fin al programa PROCREAR, que desde 2012 había facilitado el acceso a la vivienda propia a numerosas familias argentinas. La medida generó polémica y preocupación, especialmente porque se anunció la transferencia de algunos de los inmuebles ya construidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Lo que aumentó la tensión fueron las denuncias sobre la posible adjudicación de estas viviendas a las Fuerzas Federales de Seguridad, en particular, 160 viviendas del edificio Sagol en Avellaneda, las cuales ya habían sido asignadas a vecinos del área.

Esta resolución, publicada bajo el número 764/2025 del Ministerio de Economía, no solo puso fin a la construcción de nuevas viviendas bajo este esquema, sino que también planteó un modelo de contrato para la gestión de los créditos aún vigentes, que será administrado por el Banco Hipotecario S.A. Además, el Ministerio ha autorizado la venta de carteras de créditos con bajo nivel de cobrabilidad, lo que podría afectar aún más la situación de aquellos que ya enfrentan dificultades para pagar sus préstamos.

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Impacto de la disolución del FISU

Otro golpe a la construcción de vivienda social ha sido la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), una medida que se oficializó a través del Decreto 312/2025. Este fondo, creado en 2019 y financiado por el impuesto PAIS, estaba destinado a mejorar las condiciones de vida en barrios populares registrados en el RENABAP, financiando proyectos que incluían la creación de lotes con servicios básicos.

Los resultados de la disolución del FISU no tardaron en hacerse sentir. Un informe de la fundación Techo destacó que la falta de financiamiento a la política de integración social y urbana trazaba un panorama crítico si no se revertía la situación. Más de 1.000 obras de integración sociourbana fueron paralizadas, poniendo en riesgo cerca de 25.000 empleos y privando a miles de familias de garantías básicas como vivienda digna, agua potable, cloacas y electricidad.

Reacciones y consecuencias legales

Las decisiones del gobierno de Milei no han pasado desapercibidas. En Avellaneda, los vecinos afectados por la reasignación de viviendas del edificio Sagol han levantado la voz, acusando al gobierno de robarles la posibilidad de tener un hogar. Las protestas se han intensificado y los afectados han buscado el amparo legal, presentando demandas que exigen la restitución de sus derechos.

Por otro lado, la justicia ha comenzado a responder a estas políticas. Recientemente, se conocieron los resultados de una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que no detectó delitos en la administración del FISU, contradiciendo las acusaciones de mal manejo que habían justificado su cierre. Además, las cortes están ahora exigiendo al gobierno que presente un plan de urbanización para los barrios populares, bajo pena de multas significativas por cada día de demora.

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Estas medidas y sus repercusiones muestran cómo las decisiones políticas pueden tener efectos profundos y duraderos en la vida de las personas. La situación habitacional en Argentina enfrenta un momento crítico, y las acciones del gobierno actual podrían determinar el futuro de vivienda para miles de familias.

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