¿Te imaginas un país donde la policía tiene autonomía casi total para actuar sin necesidad de una orden judicial? En Argentina, esa idea está dejando de ser una simple imaginación. Con la reciente implementación del decreto 383/2025, el presidente Javier Milei junto a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha dado un paso significativo hacia lo que describen como una modernización de la Policía Federal Argentina (PFA), pero que críticos consideran un avance hacia un estado policial.
El nuevo rostro de la PFA: entre la modernización y la controversia
El gobierno de Milei ha inaugurado el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) con el objetivo de reestructurar la PFA hacia un modelo más investigativo, inspirándose en organismos como el FBI de Estados Unidos. Este cambio viene acompañado de una serie de facultades expandidas para la PFA que incluyen:
– Ciberpatrullaje en redes sociales y otros espacios digitales públicos.
– Requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin previa autorización judicial.
– La autorización para esgrimir armas de forma ostensible en el cumplimiento de sus funciones.
Detalles y repercusiones del decreto
Este decreto notorio separa la PFA de la Justicia, ampliando su autonomía en varios aspectos críticos. La ministra Bullrich ha destacado que el “corazón de esta nueva PFA” se centrará en desarticular organizaciones criminales que buscan poder y dinero en el país. Sin embargo, esta ampliación de poder ha generado gran preocupación entre diversos sectores de la sociedad.
Reacciones de los expertos y la sociedad civil
María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI, ha expresado su alarma ante lo que considera un “declarado cambio de régimen”. Según Verdú, estamos ante una destructiva reestructuración de los sistemas democráticos de derechos y garantías, transformando radicalmente el sistema represivo estatal. CORREPI ha emitido un comunicado titulado “Nuevo estatuto orgánico de la PFA: Menos libertad, más represión”, en el que se critica duramente la capacidad de la PFA para actuar con discrecionalidad en la vía pública.
Implicaciones legales y futuras del decreto
El decreto permite a la PFA acceder a información y bases de datos tanto públicas como privadas, y llevar a cabo investigaciones sin supervisión judicial directa. Esto, según expertos, podría conducir a un aumento de abusos como detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
Perspectivas críticas sobre la expansión de poderes
Expertos y activistas han señalado que estas nuevas facultades podrían contravenir normativas internacionales sobre derechos humanos. La posibilidad de que la PFA realice operativos basados en criterios subjetivos sin necesidad de rendir cuentas ante un juez es especialmente controvertida.
El decreto también establece que la jefatura de la PFA no puede ser ejercida por civiles, siendo esta una posición reservada exclusivamente para oficiales superiores de la institución, lo que refuerza la militarización de la policía.
Conclusiones y mirada al futuro
Con la implementación de este decreto, el gobierno de Milei busca posicionar a la PFA a la altura de los estándares internacionales en términos de capacidad investigativa y operativa. Sin embargo, este cambio radical plantea serias preguntas sobre el equilibrio entre seguridad y libertades civiles en Argentina. A medida que se desarrolle la aplicación de estas nuevas normativas, será crucial monitorear tanto su eficacia en la lucha contra el crimen como su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos argentinos.
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Manuel Suárez es un periodista de investigación especializado en política y sociedad argentina. Analiza decisiones gubernamentales y movimientos sociales para ofrecerte una visión clara de los temas nacionales. Su estilo factual te ayuda a comprender el impacto en tu vida diaria.